A LA CORRUPCIÓN Y A TODO LO ILÍCITO LE SOBRAN DEFENSORES CON O SIN LEY. ¿Y AL TRABAJO HONRADO Y A TODO LO LÍCITO “QUIEN LOS PODRA DEFENDER”?

 

A LA CORRUPCIÓN Y A TODO LO ILÍCITO LE SOBRAN DEFENSORES CON O SIN LEY. ¿Y AL TRABAJO HONRADO Y A TODO LO LÍCITO “QUIEN LOS PODRA DEFENDER”?

 

Desde el 12 de abril de 2.021, el Gobierno colombiano en cabeza del Señor Iván Duque Márquez, emitió del Decreto 380 con el cual le dio vía libre a las fumigaciones aéreas con el herbicida Glifosato a los cultivos de coca en diferentes zonas del país, una vez más, con el manido cuento de acabar con los “cultivos de uso ilícito”.

Es de suma importancia tener en cuenta en este caso que, a los pocos días, más exactamente el 28 de abril comenzó el llamado Paro Nacional, las enormes Movilizaciones Populares llevadas a cabo durante casi todo el mes de mayo y los tristemente célebres bloqueos de carreteras y vías públicas urbanas. En todo ello salió a flote, como era de esperarse, los reclamos, protestas y acciones en contra de lo ordenado por el Señor Duque de darle vía libre a las fumigaciones con glifosato a los cultivos de coca. Los cultivadores de coca con destino a la producción de estupefacientes, por orden de los grupos armados ilegales, hicieron presencia en las carreteras para bloquear, haciendo sentir su posición contra las fumigaciones y reclamando negociaciones directas con la Presidencia de la República. Desde luego que la posición del Gobierno nacional frente a estas exigencias fue la de no atenderlas, igual que todas las demás reclamaciones, así éstas fueran totalmente justificadas.

Pero lo que más llama la atención en este caso, y que constituye el meollo de lo que más nos interesa hacer notar aquí, es que por ninguna parte aparecen reclamaciones ni defensa alguna de la agricultura licita y limpia*. En el último pliego de negociación resumido, presentado por el Comité de Paro Nacional al Gobierno figura el punto de las fumigaciones con glifosato, obviamente rechazándolas, pero ni el Gobierno les prestó atención ni el Comité de Paro estaba en condiciones de obtener resultado favorable alguno. Las eventuales fumigaciones con glifosato fueron rechazadas y a su alrededor se hizo denuncia y agitación, no solo por los cultivadores de coca vía producción de clorhidrato de cocaína, sino por otros campesinos que no participan en esos cultivos, y por grupos y organizaciones defensores de ese invaluable patrimonio nacional, como son los sistemas ecológicos y ambientales de nuestro país.

Es más. El Comité Nacional de Paro (CNP) no ayudo a visibilizar la “representación campesina”, cuya presencia allí fue tan opaca, que todo se notó, menos que allí

 

había “campesinos”. Y los cultivadores de coca movilizados a los bloqueos que desconocían al CNP porque, según ellos, no los representaba, lo que consiguieron fue opacar lo poco que hubo de paro y las grandes movilizaciones, lo único rescatable de todo lo sucedido; ayudar allí sí efectivamente, a lanzar a la quiebra a miles de pequeños y medianos productores de la industria, el comercio y los servicios, y en últimas fastidiar, no solo a los ricos, a “la gente bien”, sino principalmente a los millones de informales que tienen que rebuscarse todos los días, desde antes de amanecer hasta altas horas de la noche, lo poco que logran conseguir para sobrevivir, y en general, a toda la gente que tiene que trabajar de una u otra forma para conseguir el sustento.

Al iniciar el análisis y evaluación de lo sucedido en estos acontecimientos, aun siendo poco lo que hemos avanzado en esa dirección, nos hemos encontrado con un hecho doloroso y francamente inconcebible: en nuestros campos colombianos, todavía viven, trabajan, producen, sufren, padecen y soportan los más aberrantes atropellos e injusticias y de vez en cuando gozan, unos cuantos millones de familias de pequeños y medianos productores agropecuarios en condiciones supremamente difíciles y adversas. La inmensa mayoría de estos productores no lo son de coca, marihuana o amapola. Son productores de alimentos, y lo hacen con el sistema de la agricultura convencional, es decir, mediante diversos grados de aplicación técnica y tecnológica convencional en el uso de herramientas y maquinaria que les ha impuesto el modelo económico neoliberal que nos rige y en diversos grados de aplicación de insumos agropecuarios de síntesis química. El narcotráfico, si bien los beneficia en unos casos por la irrigación de dinero en el mercado, con lo cual pueden obtener una mayor venta de sus productos, de manera general los afecta negativamente y en forma drástica, por la violencia que genera de todo orden, por la destrucción de sus tradiciones culturales, de sus organizaciones sociales y el sometimiento social y político a que son reducidos.

Es a toda esta amplia e importante producción de alimentos, a lo que en EL FARO SOCIAL aludimos cuando hablamos de producción agropecuaria lícita para diferenciarla de las actividades ilícitas del narcotráfico. Es indispensable dejar suficientemente claro aquí que, la producción agropecuaria lícita no la hacen solo los pequeños y medianos productores; la hacen también sectores agroindustriales y productores ricos o campesinos ricos como generalmente se los denomina. Estos son los protegidos del modelo neoliberal en el agro y los que cuentan con defensores legales y hasta ilegales. Y por ello, desde el punto de vista político, nos interesa es la defensa de la producción agropecuaria lícita de pequeños y medianos productores que son las víctimas del modelo neoliberal, del narcotráfico, de la

 

exclusión económica, social y política del Estado al servicio de ese modelo y de todos sus factores de violencia crónica que ha vivido nuestro país. 

Y dentro de todo este sector de producción agropecuaria lícita está inmerso el segmento de la producción agropecuaria limpia que por ahora es minoritario, pero que en términos estratégicos es la más importante. Esta no es solo lícita, sino que, además, es producción orgánica, libre de contaminación por agrotóxicos (fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes de síntesis química),                          realizada siguiendo las enseñanzas de la producción agroecológica que aplica técnicas, sistemas y protocolos de defensa y cuidado del medio ambiente, respetuosa de la naturaleza y, a la vez que incorpora tecnología y técnicas modernas, no desconoce ni desecha los conocimientos tradicionales de los productores.

Este sector de la economía nacional, con toda la importancia que tiene para la salud y la vida de productores y consumidores, con toda la fuerza laboral comprometida en ella, carece completamente de vocería, no hay quien asuma su defensa. En este caso, no hay Estado ni Gobiernos; no hay Ministros ni parlamentarios ni instituciones estatales que hagan algo por ella, con solo algunas muy pocas excepciones.

Por ello, la defensa de la producción agropecuaria lícita y limpia en las condiciones actuales, se erige como un monumental desafío y en uno de los problemas políticos centrales de lucha a que están obligados los pequeños y medianos productores del agro: primero, porque es a éstos a quienes el modelo neoliberal está excluyendo continuamente; segundo, porque la demanda de productos limpios en el mundo actual, está en continuo crecimiento por los consumidores conscientes que no quieren seguir envenenado sus cuerpos y sus vidas; y tercero, porque los productores de alimentos tienen la obligación ética y moral de proporcionar dichos alimentos a los consumidores que los requieren, así estén al otro lado del mundo, en condiciones libres de agrotóxicos. Con mayor razón estamos obligados a hacerlo los revolucionarios y los pueblos, por ser éste un asunto de vida o muerte; porque al modelo económico neoliberal y a quienes lo imponen desde afuera, no les importa la salud y la vida de los pueblos sino las utilidades del capital y, en consecuencia, para nosotros es un asunto de soberanía nacional. Por ser éste un conflicto eminentemente social y político, EL FARO SOCIAL está obligado a acompañar y apoyar en generar la lucha en defensa de la producción agropecuaria lícita y limpia, prioritariamente si esta es realizada en forma ASOCIATIVA, COOPERATIVA, SOLIDARIA Y EN FORMA COLECTIVA. Y de manera específica, debemos apoyar las acciones jurídicas, sociales y políticas que la Cooperativa del Sur del Cauca (COSURCA) ha emprendido a raíz de la

 

emisión del famoso decreto 380 de abril 12 de 2.021 enviando carta al Presidente Iván Duque Márquez y sus Ministros y un conjunto de documentos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando medidas cautelares para la Cooperativa y sus asociados, en prevención de una eventual fumigación con glifosato en zonas donde éstos realizan la producción agropecuaria licita y limpia.  

Con respecto a las fumigaciones con glifosato a los cultivos de coca y eventualmente a los de marihuana y amapola, hacemos las siguientes precisiones: al asumir EL FARO SOCIAL la defensa de la producción agropecuaria lícita y limpia, éste no tiene nada en común con los cultivadores de coca, marihuana o amapola vía producción de estupefacientes, y mucho menos con el narcotráfico; por el hecho de estar en contra de las fumigaciones de esos cultivos, no se nos puede asociar con la posición en contra de esas fumigaciones de los cultivadores de esos productos y con los narcotraficantes, porque, en primera instancia, con la producción agropecuaria lícita y limpia, estamos ayudando a proteger la vida y el ambiente; en segunda instancia, estamos luchando contra la intoxicación y la muerte en todas sus dimensiones y manifestaciones; y en tercera instancia, porque en el terreno político estamos en posiciones totalmente divergentes.

 

Marino Ausecha Cerón

Especial para EL FARO SOCIAL

Popayán, julio 13 de 2.021

 

Nota.

*El uso de los calificativos licita y limpia para referirnos a un tipo específico de producción agropecuaria, lo hacemos de manera condicional, es decir, no los estamos erigiendo en categorías técnico-científicas de uso obligatorio para al designar situaciones, propiedades, fenómenos o cosas con la rigurosidad que esto exige. Rogamos comprensión a los expertos, académicos y estudiosos por la escasa precisión con que puedan están usados estos términos. Al unir éstos con una actividad específica, conforman el concepto de producción agropecuaria licita y limpia, el cual también lo usamos de manera condicional en cuanto nos permite y ayuda a hacer una diferenciación que, aunque necesaria, será transitoria.

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL Mayo 27 de 2021

 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Como ya lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo, esa insospechada e increíble irrupción de las masas populares en el escenario de la historia de nuestro país pocas veces vista, lo más grandioso que hemos podido apreciar en estos días de protestas, marchas y movilizaciones, es un hecho que no puede menos que despertar nuestra gran admiración y respeto. Sobre todo, éstas últimas que han sido gigantescas, rebosantes de optimismo, alegría y espíritu de lucha, pero sin enfrentamientos violentos, a excepción de algunos pocos provocados por infiltrados de la misma fuerza pública en unos casos; por grupos de diferentes tendencias que pretenden forzar a que las grandes masas movilizadas participen en los enfrentamientos, o simplemente de sectores sociales condenados a la miseria, quienes aprovechan la oportunidad para generar anarquía y entregarse al pillaje y el saqueo.

Incuestionable e indiscutible triunfo de las masas trabajadoras y juveniles al haber saltado por encima de las bandas represivas del Gobierno y sus patronos, obligándolos a retroceder en sus intentos de golpear aún más los precarios ingresos de los millones de familias pobres y de la clase media, granjeándose el apoyo internacional de diferentes sectores sociales, políticos e institucionales.  

Como un caudaloso torrente han ido pasando por encima de todo esto y han ido afirmando su autoridad social, política y moral; han ido removiendo todos los bloqueos gubernamentales e institucionales interpuestos, en particular por este Gobierno y sus patronos (inversionistas extranjeros, grupos financieros internos,  industriales, agroindustriales y comerciales) para no atender sus reclamos ni solucionar sus necesidades, por justos y respetuosos que estos sean; han desnudado las llagas supurantes de este modelo neoliberal que ha empobrecido más a los pobres y enriquecido más a ese exiguo círculo de acaudalados que concentran en su poder la mayor parte de las riquezas del país, y con toda la frescura, pretenden seguir arruinándonos.

Y en fin, han obligado a que se unifique un Comité Nacional de Paro de amplia mayoría, dejando a un lado a quienes han pretendido desconocer su fuerza e imponer sus decisiones autoritarias; igualmente, están rebasado los prolongados bloqueos que equivocadamente han interpuesto en vías públicas algunos sectores que también han pretendido poner toda la movilización popular a su favor y a su servicio.

 En reunión de mayo 21 de 2.021 que contó con la participación de un delegado del CNP, hemos discutido y reafirmado nuestra posición de continuar apoyando y participando en las protestas y movilizaciones, tanto las que ha programado el CNP, como las que programemos local y/o regionalmente; continuar exigiendo de manera respetuosa pero enfática a los sectores que se encuentran en los bloqueos de vías, la necesidad de establecer los corredores humanitarios permanentes, sin moverse de los sitios, si así lo consideran, para que pueda fluir el abastecimiento normal de toda clase de productos, tanto de primera necesidad, como para la producción, medicinas, combustibles, etc., para las comunidades urbanas y rurales, e incluso, para que muchas de ellas puedan participar en las movilizaciones. Es de mucha importancia y urgencia que los actores de los bloqueos a las vías comprendan que éstos no han afectado ni están afectando a los grandes grupos financieros, sino a los pequeños y medianos productores, a los pobres que han visto como se han disparado los precios, y de manera muy grave, a los que viven al diario o “informales”, como se los denomina. Es sabido ya que solo en el Cauca, a 2.020, por efectos de la pandemia, se habían perdido 116.000 empleos, y ahora se han agregado 30.000 más.

Creemos que esto ya no es solo una crisis, sino un verdadero drama social que reclama con urgencia, le prestemos atención. Ningún propósito puede siquiera contribuir a ocultar un drama como este. El paro, las protestas y las movilizaciones no han estado ni están dirigidas a agravar aún más la situación social y política de los pobres. Los bloqueos pueden ser útiles en algunos momentos, pero no pueden terminar arruinando más a los que ya están arruinados por las políticas neoliberales, que fueron precisamente el detonante de la protesta popular y las movilizaciones.

Es de extrema necesidad y urgencia que en esta semana intensifiquemos las movilizaciones en todas las formas posibles para exigir que el Gobierno Nacional se siente con el Comité Nacional de Paro a negociar lo que haya que negociar y a resolver lo que no necesite negociación, de manera inmediata. Es de extrema necesidad y urgencia que los participantes en los sitios de bloqueo de vías establezcan los corredores humanitarios permanentes. “No hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que la resista” decían los abuelos. Es necesario que las masas movilizadas puedan hacer una tregua, retirarse a descansar y recuperar fuerzas porque la lucha no terminará en las negociaciones.

Como está el escenario de la economía mundial no hay otra perspectiva distinta a que nos sigan ahorcando, asfixiando y estrangulando; esto no es asunto de la pandemia como se le ha querido hacer ver, aunque haya ayudado a agravar las cosas, no es la causante, su origen está en las entrañas del neoliberalismo y quienes lo han  promovido por cuatro décadas. Por eso, el agravamiento de la situación continuará, y la respuesta de estos gobiernos neoliberales seguirá siendo la misma: echar el peso de las crisis de todo orden que padecemos sobre los hombros de las masas trabajadoras, estudiantes, campesinos, indígenas y de la clase media urbana y rural. Por eso hemos dicho:

¡NO ES SOLO PARO EN LOS QUE ESTAMOS! ¡ESTAMOS EN MOVILIDAD PERMANENTE!

                                                                                        Popayán, mayo 27 de 2021

 

Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo será violento

 

Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo  será violento

Boaventura de Sousa Santos

Traducción de Bryan Vargas

Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3,5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 tenía el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero significativos le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales).

Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC-EP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social y dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

Es en este contexto, y tras casi tres años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, en el que pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del Gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas que declaran y pagan impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, y ocasiona por ello un menor desarrollo, dado que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos cinco años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970, como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N).

Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia de la covid-19, Colombia volvió a marchar del 9 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga (movilización indígena) del suroccidente colombiano, ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas, que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 5 de mayo un total de 1.708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la Policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1.180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de Hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la cesta de la compra familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el Congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha propuesto un espacio de diálogo con distintos sectores de la sociedad civil, diálogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este Gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al diálogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre la retirada de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el presidente Duque anunció la militarización de Colombia antes de ceder al clamor social. A partir del 1 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial, con la Policía disparando en contra de

manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años que proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto cómo reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y retransmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) de Cali, se denunció también que durante la noche del 4 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar a que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son "vándalos" y "terroristas". En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente "diálogo": "Tenemos 25.000 armas", gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta aparcada frente a la Universidad del Valle (Univalle). "Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país", le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un "frente común" que incluyera a miembros de la seguridad privada, al Ejército y a la Policía para "recuperar el orden y la seguridad ciudadana", dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

 

¿Para dónde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población.

Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores; la crisis social y económica pospandémica será gravísima, sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia, por deficientes que sean, combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia, van a causar un enorme endeudamiento del Estado, y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social

que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia, ya bastante evidente, se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen* que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos, que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro de si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos, a pesar de que estos estén siendo violados tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los Estados Unidos. Seguramente la Organización de Estados Americanos (OEA), el alto comisariado de la ONU y el Gobierno estadounidense ya estarían denunciando los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha?

No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los Estados Unidos en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares estadounidenses en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas, debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país y en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de cincuenta años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

* Social repercussions of Pandemics. IMF Working Paper. 2021.

COMUNICADO CONJUNTO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

 

COMUNICADO CONJUNTO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Una vez más queremos expresar con mucha alegría la sensible emoción que nos ha causado la inmensa fuerza de la movilización popular, de manera especial, la  juventud que es la que ha puesto la mayor cuota de sacrificio en vidas, valentía y despliegue de energía. Sería demasiado poco, si no se lograse más, el haber derrotado la Reforma Tributaria y a su Ministro promotor, con semejante magnitud de fuerzas. Desde ya tenemos que llamar la atención y no permitir que los que siempre han mandado y siguen mandando, a veces con nuestra complicidad, deformen, tergiversen y sepulten en el olvido a tantos mártires que han ofrendado su vida en defensa de nuestros derechos. Eso no puede suceder con nuestros jóvenes que han sido sacrificados en estas extraordinarias jornadas.

Al Comité Nacional de Paro (CNP) le incumbe la gran responsabilidad de ponerse a la altura de una exigencia, no de uno u otro sector social o político, por importante que este sea, sino del clamor nacional que irrumpe como erupción de un volcán apagado durante largo tiempo y que se coloca ante nuestros ojos, exigiendo que se le entienda. Aunque este Comité no goza de la suficiente confianza de un sector de los participantes en las movilizaciones, vemos necesario rodearlo del apoyo general debido, en primer lugar, a que las diferentes posiciones que han surgido en su interior, amenazan con erosionar aún más la credibilidad y echar al traste lo que se ha logrado.

Por ahora, sabemos que las dos posiciones que se expresan son: una, la de emprender negociaciones con el Gobierno, y la otra, de no negociar y continuar en paro indefinido. No estamos de acuerdo con ésta última posición, pues consideramos que no existen las condiciones mínimas necesarias de organización social y política que permitan prolongar por más tiempo e indefinidamente el paro, los bloqueos a las ciudades como Pasto, Popayán y Cali. Los bloqueos en este momento son una bomba de tiempo que le puede explotar debajo de los pies a los participantes en las movilizaciones, causando mucho daño a toda la lucha social. Ya la exasperación de la población por falta de alimentos y otros bienes básicos, es demasiado delicada, además, que es a esto, a lo que le están jugando el Gobierno y la ultraderecha para justificar sus propósitos.

Frente a las negociaciones con el Gobierno empezamos reconociendo que es un acierto el haber condensado y precisado de acuerdo al momento, las peticiones en 7 puntos que recogen lo más sentido de la problemática nacional; no obstante, queremos aclarar nuestra posición ya expuesta antes, que en esos puntos,  algunos no deberían y no deben ser objeto de negociación. Los Proyectos de Reforma al Sistema de Salud, pensional y laboral no tienen nada que negociarle, su destino debe ser el mismo del de la Reforma Tributaria, su retiro. La exigencia de suspender la importación injustificada de alimentos, la implantación de los acuerdos de paz de la habana y la apertura de diálogos con el ELN, tampoco tienen nada que negociarle; en este sentido; las negociaciones tendrán que limitarse estrictamente a los puntos en los cuales se justifique, sin invertirle más del tiempo necesario.

Consideramos que estas negociaciones no pueden comenzar  bajo la imposición de la desmovilización de la protesta popular. Lo que tenemos que hacer es flexibilizar las formas de lucha y protesta de las masas populares. Los bloqueos, en la coyuntura actual y teniendo en cuenta los efectos la pandemia, lo que han conseguido en gran parte es confrontar sectores populares con los mismos intereses de lucha, limitar e impedir la movilización. Por eso, hacemos un llamado urgente para que se establezca un corredor humanitario permanente entre Nariño, Cauca y Valle del Cauca, sin el autoritarismo del gobierno y de algunos actores que han pretendido poner la movilización a su servicio. Un corredor libre con suspensiones periódicas, manteniendo la continuidad de las protestas para apoyar las negociaciones.

Sabemos que en Colombia, más de la mitad de la población se encuentra en la informalidad, tiene que rebuscarse el sustento al diario y no puede dejar de hacerlo, distinto a otra parte de la población formalizada que tiene su salario garantizado y que para exigir sus derechos, debe casi siempre parar la producción para obligar a los patronos a que atiendan sus reclamos. En este caso el paro está más que justificado, pero la población informal no puede hacer eso; si para no come. Es por eso que hemos levantado la consigna:

¡NO ES SOLO PARO EN LO QUE ESTAMOS!   ¡ESTAMOS EN LUCHA Y MOVILIDAD PERMANENTE!

Popayán, mayo 12 de 2.021

Firman:

FARO SOCIAL DEL CAUCA,

PARTIDO DIGNIDAD CAUCA,

Federación Campesina del Cauca (FCC),

Cooperativa del Sur del Cauca  “COSURCA”

Asociación de productores orgánicos de la Sierra  Cauca “ASPROSI”

Asociación de productores agroecológicos del sur Cauca “ASPROSUR”

Asociación de productores de alimentos de Almaguer Cauca “ASPROALMAGUER”

Asociación de Productores de San Lorenzo Bolívar Cauca “ASPROSANLOR”

Asociación de productores de Alimentos de Sucre Cauca “ASPROSUCRE”

Asociación de Productores agroecológicos de Balboa Cauca  “ASPROBALBOA”

Asociación de Productores de Argelia Cauca “ASOPROA”

Asociación Campesina de la Pedregosa Cajibio Cauca “ASOCAMP”

Asociación de productores agroecológicos de la Sierra Cauca “ASPROASIC”

Organización Colombiana de Estudiantes “OCE CAUCA”

Asociación de Productores Orgánicos del Cauca “ORGANICA”

Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la educación superior “ACREES CAUCA”

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos “ANUC Junta Nacional Nilson Liz Marín

Cesar Noguera Vicepresidente CUT Cauca,

Arlen Yangana ejecutivo CUT,

Rodrigo Carabalí ejecutivo CUT Cauca,

Nancy Martínez Ejecutivo CUT Cauca,

Alonso Muñoz Sánchez FARO SOCIAL,

Jorge Enrique Rodríguez Useche directivo UTEN Popayán,

Manuel Mauricio Álvarez Sánchez secretario gral FARO SOCIAL

Alonso Osorio Dignidad Agropecuaria Colombiana (Cauca),

Carlos Lasso Liga Departamental de Usuarios de Servicios Públicos Cauca

 

 

HABLANDO DE “CUMBRES” Y DE “PACTOS…”

 

En el mes de enero del presente año 2.021 fue lanzada a la opinión pública la primera versión del “Pacto Caucano…”. Para este mes de marzo ya han aparecido otra u otras versiones que, si bien no cambian su sentido y contenido, sí modifican su presentación y extensión.

En el momento de aparición de su primera versión, insistimos en la necesidad y obligación de pronunciarnos desde el FARO SOCIAL, dando a conocer nuestra opinión, puesto que ya lo habíamos hecho con ocasión de “La Cumbre del Cuca en el Macizo”, pero nos fue imposible por razones ajenas a nuestra voluntad. Ahora lo hacemos con relación a la última versión que conocemos porque lo que está en juego no es el futuro de una u otra persona, de uno u otro grupo social o político, de una u otra empresa, negocio o zona de nuestra geografía. Se trata es del futuro del Cauca, del millón doscientos o trescientos mil habitantes que nos hemos dejado reducir, acorralar y arrastrar por el fango de la indignante indigencia en que nos encontramos. 

Al “Pacto Caucano por la Vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz” en su última versión tenemos que decirle que “la implementación de los Acuerdos de La Habana para poner fin al Conflicto Armado en Colombia” y los problemas de la guerra y la paz que continúan posteriormente, con toda la importancia que tienen y la atención que debe dárseles, no son los únicos que victimizan y martirizan al Cauca. Mucho más graves y lacerantes son el del narcotráfico que lanza combustible a la guerra a toda hora y con más intensidad después de los Acuerdos de Paz de La Habana; el de la gran minería legal e ilegal increíblemente destructoras de los sistemas ecológicos y ambientales; y mucho más indignante es la tortura de la pobreza, miseria e indigencia proverbiales a que ha sido y sigue siendo sometida en general, toda la población trabajadora de nuestro Departamento.

Desde 2.014, cuando se dio a conocer las decisiones ya acordadas de ir a La Habana a iniciar la negociación política del conflicto armado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, en evento de análisis y discusión, concluimos en que era necesario apoyar esa iniciativa, el proceso de negociación y el inicio de su implementación, porque eso significaba, según se dijo, descargarle un peso demasiado torturante que cargaba nuestro pueblo colombiano, cuando esa actividad armada se había convertido en una violencia profundamente degradada y sin sentido para los intereses y propósitos de una transformación revolucionaria de la sociedad colombiana. En octubre de 2.016, al enredarse los Acuerdos en el tristemente célebre plebiscito, nos movilizamos para exigir su cumplimiento por las partes y el paso a su ejecución inmediata. En estos años siguientes, si bien no hemos podido contribuir más y mejor en este gran propósito nacional debido a nuestras debilidades políticas, organizativas y de fuerza social, realidad de la cual somos plenamente conscientes, sí hemos continuado apoyando todo esfuerzo tendiente a consolidar las fuerzas políticas democráticas y revolucionarias interesadas más que nadie en crear otro escenario social y político en el que se pueda desarrollar la lucha política en mejores condiciones. Y, aun así, hemos estado y estamos lejos de creer que el único problema al que hay que prestarle atención en el Cauca es al de la implementación de los Acuerdos de paz, o creer que el problema central a resolver aquí es el de los indígenas.

No basta mencionar simplemente los problemas del narcotráfico, de la gran minería legal e ilegal, de la violencia recrudecida, del mejoramiento de las condiciones de vida de la población caucana, mientras se silencia, se oculta y no se dice nada de las condiciones de producción en que se encuentra el Cauca y qué debemos hacer para salir de allí. Y precisamente para nosotros, el problema central a resolver en el Cauca es éste, el de la precariedad, el de la vulnerabilidad de nuestro aparato productivo, si es que de aparato productivo podemos hablar. Por eso, nuestra posición política con respecto a lo que estamos viviendo, es diferente. Así quedó clara y explícita ya en las reuniones de “La Cumbre del Cauca en el Macizo”, por solo dar un ejemplo, y lo ha sido desde mucho antes. Pero no nos hemos limitado a señalar simplemente ese como el problema central a resolver. Hemos, además, planteado soluciones, como lo veremos más adelante.

Paz sin integración vial del Departamento, sin generación de energía eléctrica (propia) para desarrollar y elevar el rendimiento del trabajo; paz en las condiciones de indigencia en que nos encontramos, es sencillamente una predicación por la sumisión, una invitación a la resignación y a conformarnos con las migajas y limosnas. Es además, hasta indecoroso venirles a hablar de paz a los miles de payaneses y caucanos que se han arruinado y/o están al borde de la ruina en la situación económica agravada por la pandemia y a los miles de desplazados y condenados a la “informalidad”. Hasta para hacer politiquería se necesita algo de astucia. Parece ser que hasta en las artes y mañas de la politiquería tradicional hemos retrocedido. La politiquería alternativa que ha reemplazado en gran parte a la tradicional, no ha podido crear nada distinto, ni siquiera en el discurso. Incluso con respecto a los asuntos planteados en “La Cumbre del Cauca en el Macizo” se ha retrocedido; al menos allí se planteó algo acerca de la integración vial del Departamento y del impulso a la generación de energías alternativas.

Con toda la paciencia y consideraciones que hay que tener en estos casos, les preguntamos a los promotores del “Pacto caucano por la Vida…” y a algunos que han salido a validarlo y legitimarlo, sin darse cuenta que con ello lo que están haciendo es distraer y prestarse para ocultar la solución de los verdaderos problemas del Cauca: ¿PARA DÓNDE ES QUE VAMOS? De acuerdo a lo que allí está consignado, no nos queda más que responder que vamos es para abajo y para atrás. Cada día nos empequeñecemos más y quedamos más rezagados. Este “Pacto”, igual que el “Programa de Gobierno” del Taita Floro Alberto Tunubalá, quedarán como imperecederos monumentos a la más lamentable ineficiencia. Y que conste que nosotros no andamos en el intenso oficio de derrumbar estatuas.

Para que quede claro que no aparecemos de un momento a otro opinando sobre todos los asuntos habidos y por haber, terminamos remitiéndonos a las propuestas que hicimos llegar en su momento a la “La Cumbre del Cauca en el Macizo”. Allí y en ese momento expresamos:

“Nuestra propuesta es la siguiente:

1.- En la coyuntura y en el escenario que tenemos en el Cauca, el problema central a resolver, es el de la seguridad y la construcción de una paz duradera. Sin seguridad nadie vendrá a invertir capitales para exponerlos a un riesgo que sus propietarios no van correr. Y seguridad no significa mayor pie de fuerza pública simplemente. Es en este sentido que enfatizamos que los problemas existentes no son simplemente presupuestales o de tipo militar. Lo fundamental de la situación conflictiva que vivimos es de carácter político y, en consecuencia, su solución es política, si queremos atemperar un clima de coexistencia tal, que sabiendo que existen conflictos heredados y presentes, podemos construir soluciones que nos beneficien a todos. Por lo demás, tenemos que convencernos que los recursos presupuestales del orden nacional, aún si fueran financiadas la gran mayoría de las iniciativas por ese medio, son completamente insuficientes. Se necesita la inversión privada de orden local, nacional e internacional. Y en este caso no es solo a la institucionalidad gubernamental regional a la que hay que dejarle la iniciativa de la gestión; es LA CUMBRE la que debe asumir un papel destacado y dinámico en esa tarea.

2.- Creemos que una de las causas que determinan y explican la situación conflictiva en que han ido hundiéndose Popayán y el Cauca y se precipitan sin médicos ni dolientes, ha sido y es la ausencia de una cultura empresarial industrial y agroindustrial que le permitieran pasar de la costumbre de vivir de las rentas y de la burocracia estatal a crear riqueza, superar los niveles de pobreza en que se encuentra y mejorar sus ingresos y sus condiciones de vida. Esto debió hacerlo desde principios del Siglo XX, cuando otras regiones picaron en punta. Creemos que este paso es absolutamente necesario y desde nuestro punto de vista, la discusión no está en si se hace o no se hace. Lo que sí es necesario discutir con toda la rigurosidad posible, es cómo hacerlo. Las más grandes industrias y agroindustrias del Cauca, cuando se hizo necesario crearlas, se ubicaron en el sitio donde mejor le conviene al capital nacional y externo, pero eso no ha resuelto los graves problemas sociales y de conflictos que vive la zona. El resto, es una inmensa masa de pequeños y medianos productores agrarios y de pequeños y medianos comerciantes e industriales que difícilmente logran sobrevivir. Frente a los primeros, lo que proponemos es promover de manera integral, procesos agroindustriales asociativos, cooperativos y solidarios, partiendo de sus experiencias, de sus dinámicas y de sus capacidades técnicas y administrativas, y respecto a los segundos, lo que necesitan es que haya a su disposición incentivos como créditos blandos, acceso a adquisición de materias primas, mercados y, sobre todo, que haya crecimiento del mercado interno local, regional y nacional. No debemos olvidar que Popayán y el Cauca tienen una enorme potencialidad para el impulso al conocimiento profesional, técnico y tecnológico en la electrónica, nanotecnología, mecatrónica, ingeniería de sistemas y para la instalación de empresas que usen esta tecnología de punta, dada su ubicación geoestratégica.

3.- Si uno de los fundamentos y propósitos que unifican LA CUMBRE es la defensa del agua por la incontrovertible potencialidad que tenemos en ese recurso vital, hagámoslo. Pero hagámoslo en toda la envergadura que tiene y con todas las consecuencias que de allí se derivan. Esto implica que lo primero que hay que desechar de una vez por todas es la gran minería legal e ilegal. Estas no solo destruyen las fuentes y corrientes de agua, sino que la que queda, la envenenan. En este sentido, no es solo el Macizo el que no debería estar en venta. Es el Cauca y es el país los que hay que sacarlos de la subasta. Eso es defensa de la vida y de los territorios. No podemos quedarnos en la simple conservación del recurso, e incluso realizando acciones y actividades de protección del recurso para que más abajo lo utilicen otros de manera muy rentable. O, ¿no es eso lo que está sucediendo con las hidroeléctricas de Betania, El Quimbo, La Salvajina e Hidroituango, cuando esta se estabilice y entre a funcionar? ¿Y no es eso lo que hace la gran minería legal e ilegal y las agroindustrias para sus sistemas de riego?

Es desde esta perspectiva que consideramos que uno de los objetivos más trascendentales que LA CUMBRE debe asumir y plantear una lucha decisiva es en relación con la compensación que el Cauca debería tener ya por la generación de energía eléctrica en cualquiera de los ríos que nacen en el Macizo colombiano y por la venta de agua embotellada en todo el país. Y esa compensación no podemos reducirla y transarla con la sola inclusión de las iniciativas del Pacto por el Cauca en el Plan Nacional de Desarrollo. Suponiendo que se llevara a cabo la financiación completa de todas ellas mediante el Plan, esto no puede aceptase como la compensación misma. Es suficientemente conocido que el Cauca tiene una gran potencialidad para generar electricidad vía hidroeléctricas superior incluso a la de Antioquia, y la tiene y muy grande para generarla vía sistemas alternativos como el eólico y solar, solo que mientras sigamos en las mismas, no lo veremos nunca. Y para lograr el propósito que señalamos en este numeral, sí que será necesaria la movilización general del Cauca. Además, ya debería existir la Hidrología como carrera profesional dedicada específicamente al conocimiento científico, técnico y tecnológico para el uso y manejo de un recurso tan importante como éste.

4.- Una de las barreras que ha bloqueado la integración y unificación del Cauca, entre otras, es el mal tratamiento que se le ha dado a las diferentes culturas indígenas existentes, a la cultura afrocolombiana, a la campesina que todavía subsiste y a la de origen ibérico dominante y con un gran peso del componente religioso. Por eso hay quienes, a estas alturas, plantean prácticamente la creación de guetos sociales y culturales, es decir, fracturar aún más al Cauca.

Desde EL FARO SOCIAL pensamos que el Cauca necesita y con urgencia la promoción y desarrollo de un amplio y fuerte Movimiento Intercultural, que reconozca y respete las culturas existentes sí, pero que también propenda por la construcción de una cultura común en la que nos reconozcamos todos, que nos identifique de manera colectiva y podamos coexistir sin prejuicios de superioridad de unos sobre otros, sin la demagogia que oculta la discriminación  y la adulación politiquera que anda a la caza de votos. Los mecanismos de como iniciar este Movimiento y convertirlo en un aglutinante social de la más alta significación debe ser objeto de discusión en conjunto en LA CUMBRE.

5.- La integración económica, social y cultural de Popayán y el Cauca no podrá realizarse de manera exitosa y beneficiosa para todos los caucanos, si no superamos uno de sus principales obstáculos que es su integración vial terrestre, de la interacción entre todas sus zonas, algunas de las cuales padecen un aislamiento francamente intolerable en las condiciones actuales. La integración vial terrestre por sí sola no hará milagros, pero sin ella, es poco probable lograr lo demás. No podemos reducir esta integración así concebida a lo que hasta ahora es la expectativa de la doble calzada Buga-Santander de Quilichao-Popayán. Con toda la importancia que tiene este eje vial para la comunicación nacional e internacional y el progreso general, corremos el riesgo de quedarnos viendo pasar el progreso de norte a sur y de sur a norte, sin que podamos tocarlo ni sentirlo. Esto nos obliga a ver el problema en conjunto y a actuar en las demás propuestas que aquí planteamos”.

Aunque los anteriores puntos fueron presentados a la Cumbre del Cauca en el Macizo, reiteramos su importancia y vigencia por cuanto hacen referencia a los problemas estructurales de la economía caucana, y por ello creemos que deben ser tenidos en cuenta en las discusiones en el PACTO CAUCANO POR LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS, EL TERRITORIO Y LA PAZ, no los consideramos como los únicos problemas a resolver. Es igualmente importante la discusión sobre los monocultivos forestales, caña de azúcar, café, potrerización de las montañas y valles y otros; y la reactivación económica para salir de la encrucijada en que se encuentra Popayán y el Cauca por la pandemia y las causas históricas.

 

Popayán, Abril 05 de 2021