COLOMBIA ARDE,...

 COLOMBIA ARDE, MIENTRAS LA POLITIQUERIA SIGUE PARALISANDO LA BUROCRACIA Y LA CONGELA 

Así, literalmente. Colombia está ardiendo por los cuatro costados. Qué bueno fuera si el incendio votara llamas de “fuego” revolucionario. Pero no. Son las llamas físicas las que consumen vegetación de páramos, bosques contiguos y de otras áreas, destruyendo, no solo ese recurso ambiental; lo más grave es que destruye cadenas tróficas que son el sustento de la diversidad de especies y de la vida en el planeta. 

Con todo ello, lo más indignante es ver esa burocracia gubernamental paralizada, amodorrada, cabeceando adormilada en la desidia y la ineptitud, sabiendo desde hace meses que estos acontecimientos sucederían, y ese grosero espectáculo de algunos de los llamados organismos de control, de medios y algunos periodistas más interesados en descargar la culpabilidad en uno u otro funcionario, y claro, en el que no podía faltar: Petro. 

Más que la perversidad y perfidia de los voceros y representantes de los sectores de la extrema derecha y la derecha, de los inocuos discursos de los moderados, de los patiamarillos de todos lados, y de las altisonantes arengas de los voceros y representantes de “izquierdas” completamente desteñidas, los incendios han puesto totalmente al descubierto, han desnudado y exhibido a plena luz todas las vergüenzas de la burocracia gubernamental y especialmente de una institucionalidad totalmente inservible, sin más oficio que estorbar, pero de repeso, muy costosa. 

Desde hace meses estaban avisados de lo que se vendría. Sin embargo, ni Municipios, ni Gobernaciones ni el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) que tienen que ver directamente con la prevención de esos acontecimientos u otros semejantes, y como función, estar preparados para estas eventualidades, hicieron nada, si no, por evitar, al menos, prevenir buena parte de lo que está sucediendo. Y este no es un asunto que se pueda resolver, como pretenden ciertos funcionarios de los organismos de control, medios, periodistas y politiqueros que cuando ya el incendio está fuera de control, salen a lavarse las manos, descargando la responsabilidad en uno u otro funcionario, es decir, individualizando y personificando los problemas, como si los individuos pudieran determinar por sí y de por sí, lo que solo es facultad de la institucionalidad en su conjunto. Que el país, la institucionalidad en su conjunto, el aparato gubernamental, y particularmente las entidades que tienen que ver directamente con esos asuntos no estaban preparados para atender lo que se sabía que iba a suceder, es una verdad de apuño. Pero decir eso, tampoco resuelve nada. 

Sin pretender restarle importancia a lo que está sucediendo en el páramo de San Turban en Santander, dado que ese es un sostén fundamental de la cadena de páramos de la región, lo mismo podemos decir de lo que ya está ocurriendo en un sector de la cadena de páramos del macizo colombiano en el Cauca, pues ésta, recarga y alimenta las cuatro grandes cuencas hidrográficas del país; y es el mismo caso del páramo de Sumapaz y el resto de esa cadena que alimenta nada más ni nada menos que la gran cuenca amazónica. ¿Nos parece poco lo que está en juego y en fuego para Colombia y el mundo? 

Sin embargo, esa institucionalidad en su conjunto, ese aparato gubernamental y el régimen politiquero que los sustenta, están como los osos polares, solo esperando que asomen la foca o la morsa para devorarlas. Están congelados por la politiquería. Y para colmo de males, son extremadamente costosos, porque fuera de lo que normal y legalmente cuesta mantenerlos, hay que costearles toda la corrupción que allí abunda. ¿Qué han hecho esas pomposamente llamadas “autoridades ambientales” de las Corporaciones Autónomas Regionales? Autónomas para consumir gruesos recursos, cobrar impuestos, multas y no hacer nada. Porque los empleados y trabajadores de estas entidades están, por el momento, a la espera de que los nuevos gobernadores, la mayoría de los que llegaron, fueron puestos por la politiquería tradicional para recuperar los gobiernos locales, les renueven los contratos de prestación de servicios. Es decir, paralizados. 

El Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Fuerza Pública en todos sus componentes, pueden y deben ayudar en estos casos de emergencia, a conjurar mayores daños en emergencias como la que se está presentando. Pero el problema fundamental es que las comunidades que son las que deben tomar en sus manos y asumir el manejo de ese tipo de situaciones, no pueden hacerlo porque se les ha despojado del poder que tienen o deberían tener para resolver esos asuntos, no tienen un real apoyo institucional y gubernamental y porque están desorganizadas o fragmentadas en multitud de organizaciones en donde ninguna sirve tampoco, porque la politiquería de todos los sabores y colores, las diezmó y aniquiló.

Hemos podido apreciar perfectamente por los noticieros a personas de las comunidades haciendo increíbles esfuerzos por conjurar los riesgos o detener los incendios con ramas de la misma vegetación, totalmente desprovistos de instrumentos, de medios técnicos, de apoyo de las mismas comunidades e institucional y, sobre todo de organización. Allí es donde se requiere y salta a la vista, la enorme importancia de la gran movilización social organizada que se necesita para enfrentar esas situaciones y desarrollar la capacidad creativa y la fuerza colectiva para sobreponerse a la adversidad. 

Tanto que hablamos de reformas, de apoyar procesos de reformas democráticas, deberíamos charlatanear menos y hacer más en esa dirección. Este sí sería un verdadero proceso de cambio democrático: Devolverle o si se quiere, recuperarle la capacidad de DECISIÓN POLÍTICA a las comunidades y ellas nos enseñarán y darán lecciones de cómo es que hay que hacer las cosas, en este caso, los planes de prevención del riesgo de desastres. Dejar esa manía de estar creando organizaciones para cuanta chuchería hay, pero para atender los problemas fundamentales ninguna hace nada ni sirve porque, en gran parte, la misma normatividad institucional, hasta se los prohíbe. Sería un gran avance si decidiéramos acabar con tanta vagabundería y le devolviéramos el Poder de decidir a las comunidades. Solo entonces, veríamos florecer la democracia de la que tanto nos gusta discursear, pero no ejercer, aplicar ni respetar; ver y sentir esa enorme capacidad que reside en su seno para resolver los problemas que se le presentan, y que esa burocracia con su mentalidad y espíritu mediocres que a todo momento tratan de ocultar con su actitud arrogante, jamás podrá hacer. 

Pero ese florecer, que de ninguna manera es fantasía ni lo concebimos en forma fantástica porque tenemos experiencias vivas en diferentes aspectos, no surgen como por encanto ni se dan espontáneamente, o si en algunos momentos brotan espontáneamente, de la misma manera desaparecerán. Por eso, es allí donde adquiere el verdadero sentido la insistencia en la obligación que tenemos de la construcción continua, sistemática y constante, de una sólida fuerza política capaz de remover todos esos obstáculos y estorbos que paralizan y aniquilan la capacidad de las comunidades, movilizarlas, organizarlas, orientarlas y poner en acción todas sus fuerzas e iniciativas, proceso en el cual, de nada sirve limitarse a dar órdenes, lanzar mensajes por las redes o a hacer publicidad por radio y televisión. 

He ahí, una de las tantas razones por las cuales no nos hemos dejado ilusionar por las promesas de reformas sin tocar, sin modificar en nada esa estructura institucional burocrática, no solo inservible, sino peor aún, profundamente corroída y que bloquea cualquier propósito político que busque mejorar las condiciones de vida de las comunidades y que implique cambios que nos les garanticen los privilegios de que disfrutan y la permanencia en el mando sobre ellas. 

Y en medio del ardor de las quemaduras por las llamas de los incendios, nos ha caído un baldado de agua fresca que nos reconforta, mitiga el dolor y nos llena de optimismo. Así hemos recibido la noticia de las decisiones tomadas por el Presidente Petro desde el Gobierno nacional de echar a andar la terminación de la carretera, la Central Hidroeléctrica del rio Micay y el puerto de aguas profundas para el Pacífico caucano. Esperamos que el Gobierno nacional y personalmente el Presidente, pongan en acción estas decisiones cuanto antes. Que remuevan, donde haya que remover, esa burocracia encomendada por los encomenderos de la politiquería tradicional y los caucanos podamos ver, por fin, que nuestros sueños, comienzan a hacerse realidad. Apoyamos y llamamos a todos los caucanos, a quienes nos ha dolido tanto y nos duele la situación lamentable en que se ha debatido el Departamento, a poyar con todas nuestras fuerzas, esas decisiones. 

Algunos de los que hoy conformamos EL FARO SOCIAL, desde la década de los años 80 del siglo XX, hemos insistido en la imperiosa necesidad de vincularnos y vincular al Pacífico, desde las dimensiones económica, política, social y cultural en un resurgir de integración y progreso colectivos. Desde luego, que en el Pacífico se puede y se debe hacer eso y mucho más. El potencial humano, energético y de riquezas marítimas que allí existe, son incalculables, y con la ejecución de esas decisiones para comenzar, se creará una dinámica de gran importancia para el Cauca. Solo que, a los gamonales aristócratas de Popayán, nunca les interesó integrarse e integrar al Pacífico para que “la ciudad culta”, “la ciudad universitaria” y ahora “blanca”, “no se les llenara de negros”. Estos eran útiles y necesarios en el Patía o en el Norte del Cauca para el trabajo en las minas en la Colonia y buena parte de la República, pero lejos o bien lejos, en el Pacífico, fuera de Popayán. 

¡Definitivamente sí! ¡Por eso y para eso, necesitamos incendiar el país con “fuego” revolucionario! ¡No hacerlo, significa dejar que otros fuegos físicos nos consuman! 

EL FARO SOCIAL 

Popayán, enero 26/2.024