LAS PASTILLAS PARA LA MEMORIA, SON LAS
QUE MAS ME OLVIDO TOMAR.
Soy
muy poco dado a usar las anécdotas. Pero ésta con la que inicio este escrito,
la he elegido muy a propósito. Una vez terminado y publicado el artículo para EL
FARO SOCIAL, DOS SUCESOS Y SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS… de mayo
27/2.024, me di un paseo navegando en canoa rústica por la Red de La Internet y
me encontré precisamente con una “pastilla para la memoria”. Se trata de un
recordatorio que hace el Profesor Germán Valencia, del Instituto de Estudios
Políticos de la Universidad de Antioquia, que titula: A 40 AÑOS DEL ACUERDO DE LA URIBE, en el cual, además de
recordarnos que este Evento se llevó a cabo en el Municipio de La Uribe (Meta),
durante el Gobierno de Belisario Betancourt y la Comisión de Paz que había
creado para el efecto, de la cual hacía parte la periodista Margarita Vidal,
nos hace notar su importancia hoy, cuando han sucedido tantas cosas alrededor
de la consecución de la paz. Por ello, creemos que EL FARO SOCIAL, sus
amigos, lectores y ojalá muchas más personas, refresquemos la memoria y
decidimos insertarlo aquí, tal como apareció en la fuente que lo publicó.
A 40 AÑOS DEL ACUERDO DE LA URIBE
Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la
Universidad de Antioquia
El 28 de mayo de 1984 —hace cuarenta años—, se
firmó en el municipio de La Uribe, departamento del Meta, el primer acuerdo de
paz con los grupos insurgentes colombianos. Este fue un pacto político de cese
al fuego y de hostilidades, firmado entre la Comisión de Paz asesora del
Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
Aunque
el alcance de este primer tratado de paz dista, millones de años luz, de lo que
sería el Acuerdo Final firmado con la misma agrupación tres décadas después en
2016; este representa, en la historia de los procesos de paz, un hito
fundacional de las negociaciones política entre el Gobierno y los grupos
armados insurgentes en Colombia.
La
importancia del Acuerdo de La Uribe, que se estructuró en 10 puntos y ocupó una
cuanta página —redactadas a máquina por la periodista Margarita Vidal, una de
las miembros de la Comisión de Paz de Belisario Betancur (ver imagen 1)—, se
puede resumir en tres grandes componentes.
Imagen 1. Fuente: tomada de El
Espectador. (2012). Instantes de paz.
El
primero fue la promesa que hubo entre las partes de ejecutar labores luego de
la firma. Por un lado, las FARC-EP se comprometieron con el Gobierno y el país
a iniciar “a partir del 28 de mayo de 1984 a las 00:00 horas” un cese al fuego.
Igualmente, parar los “demás operativos militares a todos sus frentes en el
país” (punto 1 del Acuerdo).
También,
en el punto 2, las FARC-EP se comprometieron a acabar con las prácticas
terroristas, a “condenar y desautorizar nuevamente el secuestro, la extorsión y
el terrorismo en todas sus formas” y a avanzar para que no se den acciones que
atenten “contra la libertad y la dignidad humana”.
Por
el otro, el Gobierno se comprometió a gestionar varias reformas de carácter
político, económico, agrario y social; a ampliar la cobertura de derechos
básicos de los colombianos; y a esclarecer los casos de desaparición forzada
(punto 8 del Acuerdo). Todas ellas acciones que, según el gobierno Betancur,
eran necesarias para ayudar a la solución de las causas objetivas del
conflicto.
El
segundo componente fue la promesa del Estado a la guerrilla de poder participar
en política. En el Acuerdo se estableció que los integrantes de las FARC-EP
podrían “organizarse política, económica y socialmente, según su libre
decisión” y, además, que el Gobierno les otorgaría “de acuerdo con la
Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes”.
Promesa
que se materializó unos meses después con la conformación de la Unión
Patriótica (UP) y que permitió la participación en política de varios miembros
de las FARC-EP Una organización legal que durante varios años logró competir
con relativo éxito por los puestos de elección popular, como las alcaldías,
concejos municipales, asambleas departamentales, el Senado y Cámara y la
Presidencia de la República.
Finalmente,
el tercer asunto importante fue avanzar, por primera vez, en la creación, desde
el inicio de la firma del Acuerdo, una organización que se encargaría de
verificar que todas las disposiciones establecidas en él se cumplieran.
Estructura organizativa que quedó indicada en el punto cuarto con la Comisión
Nacional de Verificación.
Esta,
según comunicación presidencial del 27 de septiembre de 1984, se creó dos días
después de la firma del Acuerdo y estuvo compuesta por 43 miembros y ampliada
posteriormente con diez miembros más. Funcionó en Bogotá, pero dada la
complejidad de las tareas, se les permitió el traslado a algunos sitios del
país.
Además,
tuvo a cargo varias subcomisiones de verificación, en lugares estratégicos y
con presencia de las FARC-EP, como en Florencia, Caquetá; Vista Hermosa, Meta;
Barrancabermeja, Santander; Aravena, Arauca; Santa Marta, Magdalena; Medellín,
Antioquia; Neiva, Huila; Orito, Putumayo; y Cali, Valle (punto 5 del Acuerdo).
En
conclusión, el Acuerdo de La Uribe —a pesar de no contar con un reglamento de
cómo, cuándo y dónde negociar, y de que solo se realizaron dos reuniones para
su construcción— se estructuró con los componentes necesarios para todo pacto
de paz (ver imagen 2).
En
él se fijaron tareas para todas las partes, se asumieron los compromisos
sustantivos que apuntaban a generar las transformaciones que se consideraban
esenciales para la terminación del conflicto y, finalmente, se pensó en una
estructura organizativa que debe velar por su cumplimiento de lo pactado.
Imagen 2. Fuente: tomada de El
Espectador (2012).
De
allí, que este acuerdo de paz se haya convertido en el abuelo de los tratados
de paz con la insurgencia colombiana. De él se desprendieron el firmado con el
M-19 el 24 de agosto en Corinto, Cauca, y en El Hobo, Huila; con el Ejército
Popular de Liberación (EPL) el 24 de agosto en Medellín; y con la Autodefensa
Obrera (ADO) el 30 de agosto en Bogotá. Además, consiguió convertirse en el
faro para la elaboración de otros acuerdos de paz.
Con
este “refresco de memoria”, para algo debe servirnos la anécdota. Comencemos
pues, a “deshilar” (o ¿deshilachar mejor?) la madeja.
Aunque con alguna dificultad, podremos recordar que el 6 de noviembre de
1.985, un año largo después de firmado ese acuerdo, se presentaron en Bogotá
los acontecimientos de la toma por un
Comando del M-19 del Palacio de Justica y la retoma por parte del ejército
nacional al día siguiente. Sin
entrar en detalles ni hacer comentarios sobre lo sucedido, sí podemos y debemos
decir que fueron una terrible
premonición de lo que se vendría en la segunda mitad de esta década y en la
siguiente de los años 90. A pesar de que
en ese Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP, en ese momento se establecieron
y pactaron compromisos de parte y parte, una de ellas, las FRC-EP, en muy buena
medida y hasta cierto tiempo, cumplieron con lo que se habían comprometido,
como el cese el fuego, a detener, al menos temporalmente el secuestro de
personas, y dieron pasos para legalizar su acción política con la creación de
la Unión Patriótica, con la cual alcanzaron una importante representación en
los cargos de elección popular.
¿Y
la otra parte contratante qué? Hasta cierto punto, Belisario, en el resto de su
período que le quedaba, trató de cumplir con los que se había comprometido. Al
menos hizo el intento, pero los Gobiernos que le sucedieron, ¿qué hicieron? Si
este “refresco” no ha sido suficiente para reactivar la memoria, no podremos
recordar que, después del año 85 y de los sucesos del Palacio de Justicia,
comenzó el exterminio de la Unión Patriótica; que posteriormente, más de 3.000
militantes de esa organización política y del M-19, entre ellos, candidatos a
corporaciones públicas y a la presidencia, fueron asesinados. Que este atroz
delito de lesa humanidad, que este genocidio, fue meticulosa y sistemáticamente
promovido por las fuerzas políticas de extrema derecha con sus organismos de
represión legales e ilegales para frustrar y cerrar toda posibilidad de cambio
político, igual que ahora, se oponen a los mínimos cambios que trata de
realizar el Gobierno actual.
No
cumpliendo el compromiso de garantizar la participación política legal de los
alzados en armas, menos había intención de cumplir los demás compromisos que,
según ese Acuerdo, “el Gobierno (de entonces) se comprometió a gestionar varias
reformas de carácter político, económico, agrario y social; a ampliar la
cobertura de derechos básicos de los colombianos; y a esclarecer los casos de
desaparición forzada (punto 8 del Acuerdo). Todas ellas acciones que, según el
gobierno Betancourt, eran necesarias para ayudar a la solución de las causas
objetivas del conflicto”.
Con
todo lo macabras que fueron esas acciones de la extrema derecha y sus
organismos de represión legales e ilegales, nuestro pueblo no renunció a seguir
luchando por sus derechos políticos, a realizar los cambios democráticos que ha
buscado por tanto tiempo y, de alguna manera, obreros, campesinos, indígenas,
sectores populares urbanos y fuerzas políticas democráticas, mantuvieron la
resistencia, la lucha social y política que sirvieron como soporte para la
Asamblea Constituyente de 1.991 y la aprobación de la nueva Constitución
Política de Colombia. Aunque allí no se lograra lo que nuestro pueblo esperaba,
no por ello podemos desconocer que fuera un intento más de lograr sus
objetivos. Los resultados reales de este evento, los hemos expuesto
sucintamente en nuestro anterior artículo EL
“PETARDO” LANZADO POR GUSTAVO PETRO DE MARZO 28/2.024. Por ello, no nos detenemos aquí en todo el
significado político sobre el particular. Sin embargo, no podemos dejar de
recordar e insistir en que, después de la Constituyente y la nueva
Constitución, la extrema derecha aprovechó, con la proverbial habilidad que
siempre han actuado en momentos clave, las debilidades de las fuerzas políticas
populares y democráticas y las inconsistencias político-jurídicas de la
Constitución, para irse con todo en la ejecución práctica de la apertura de
mercados, de la falacia de la apertura democrática y del modelo neoliberal,
salvando los obstáculos que antes había encontrado.
Y
a la par que avanzaba a marchas forzadas esa ejecución del modelo neoliberal a
la sombra de que la nueva Constitución Política no resolvió problemas vitales
como el de no modificar en lo más mínimo la perversa concentración de la
propiedad territorial y la propiedad accionaria de empresas industriales,
comerciales, bancarias y de servicios, el incremento del narcotráfico acrecentó
la violencia de éste, de la insurgencia, principalmente de las FARC-EP, se
intensificaron las grandes tomas guerrilleras en diferentes partes del país,
las múltiples tomas a cabeceras municipales y el copamiento de amplios espacios
territoriales, de un lado; del otro lado, se disparó el accionar de las
llamadas autodefensas campesinas y el paramilitarismo.
La
década de los años 90 del siglo XX fue un período tétrico, sombrío y aciago de
mayor avance en la confección y ejecución del modelo neoliberal con la venta en
remate de las empresas públicas que aún quedaban, la entrega de la saludad y la
educación a los operadores privados, terminación del desmonte de muchas
obligaciones y funciones públicas del Estado y reducción del mismo, pero sobre
todo, de apogeo de la violencia y terrorismo rural y urbano promovidos por los
carteles del narcotráfico, el paramilitarismo y las guerrillas, principalmente
de las FARC-EP, no solo con las tomas de bases militares y poblaciones, sino
con el abominable delito del secuestro en la forma como lo ejercieron, que les
costó todo su porvenir político por ganarse una imagen detestable que de ningún
modo, han podido ni podrán borrar de la memoria del pueblo colombiano. Ya para
fines de esta década fue puesto en marcha el Plan Colombia, dirigido a
incrementar el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas, adiestrarlas y
fortalecerlas con dotación de mejor armamento, apoyo logístico y de combate,
inteligencia militar y mejoramiento de la actividad operacional estratégica y
táctica y que heredara el posterior Gobierno de la “Seguridad Democrática”.
El
impresionante saldo a favor de la
élite que ha concentrado y concentra la mayor parte de riquezas del país, y del saldo en rojo en contra de obreros,
campesinos, sectores populares urbanos y organizaciones políticas y sociales
democráticas, no tiene parangón en la historia de Colombia. La llamada
informalidad, es decir de trabajadores sin empleo ni rumbo fijo, sin
organización social y sin ningún tipo de seguridad social, porque fueron
despojados de los mínimos derechos de estabilidad laboral y de la seguridad
social, pasó a ocupar una cifra demasiado alta que ha llegado a más del 60% de
la fuerza laboral y que junto con el desempleo que siempre ha estado por encima
del 10%, conforman una realidad inocultablemente escandalosa. Más de 8 millones
de campesinos fueron despojados de más de 5 millones de hectáreas y expulsados
del campo; cientos de masacres en algunas ciudades, pero principalmente en
áreas rurales con terribles consecuencias económicas, políticas, sociales,
culturales y sicológicas para las víctimas; tierras que hoy están dedicadas a
producir en la agroindustria del banano, palma aceitera, otros productos y
ganado, ya no en la vieja modalidad del terrateniente que recorría los caminos
y las propiedades a caballo con su indumentaria típica y zurriago, sino por el
narco o el paraco “modernos”, a cuyas manos regresaron de esa manera, la mayor
parte de tierras que antes habían recuperado los campesinos; fueron eliminados
cientos de miles de activistas y luchadores políticos y sociales, destruidas y
aniquiladas sus organizaciones y convertidos muchos lugares en fosas comunes.
En
ese sombrío panorama, en esa inmensa mole funeraria, llegó en 2.002 la
“Seguridad Democrática” al Palacio de la Infamia, a continuar con lo que
todavía les faltaba por arruinar y envilecer en la vida y la conciencia de
nuestro pueblo. Quien llegó no fue el héroe, el luchador político y social,
sino el salvaje enchamarrado en su corcel de rudo inculto que no tiene
superiores ni obedece partidos ni sabe nada de instituciones de Derecho, que no
obedece más que a sus instintos primarios.
La “Seguridad Democrática” continúo la tiranía de esa élite que llevó a cabo
esa gigantesca expropiación física y política a nuestro pueblo, armó camorras
con Gobiernos vecinos, desplegó el principal sostén del régimen para alejar el
fantasma de la guerrilla que había inundado muchas zonas pero que ya cargaba
con el pesado fardo del desprestigio político por sus actuaciones totalmente
fuera de toda lógica política revolucionaria o, siquiera mínimamente
democrática, para garantizarle allí sí, seguridad y confianza a esa élite y a
los inversionistas extranjeros y que pudieran continuar en la profundización
del modelo neoliberal con su modalidad de Programa agro-minero de exportación e
inversión de capitales externos en el país, con el consiguiente saqueo del
mismo.
Igual
suerte corrió la “Seguridad Democrática” que encabezó el rudo enchamarrado. Su
agotamiento y desprestigio llegaron relativamente pronto y hubo de ser
reemplazado por otro de perfil un tanto aristócrata, pero más moderno, menos
rudo y tosco, pero no menos cruel, más culto sí, pero mejor adiestrado en las
artes de buen “encantador de serpientes”. Esto no significó más que la
continuidad de la “Seguridad Democrática” con el mismo Programa y mejor
gerencia y sub-gerencias. La política de seguridad también siguió siendo la
misma, pero sí con ajustes y refinamientos, en particular, en las labores de
inteligencia y ataques a una guerrilla que, ya para entonces, se encontraba en
una situación de crisis interna, mucho desprestigio político y en retirada. En
tales circunstancias, el llegar a la mesa de negociación entre el Gobierno y
las FARC-EP, no es que constituyera una gran Azaña política, como se la
presentó y se ha querido consagrar en la historia.
La
verdad es que ambos necesitaban negociar. A la élite que había acumulado
enormes riquezas y su gobierno interesados en profundizar y sostener el modelo
neoliberal que ya comenzaba a presentar serias grietas desde la crisis
financiera de 2.008, no les convenía sostener una guerra que ya no le servía
para llevar adelante ese proceso anterior de acumulación de riquezas, a no ser,
por la actividad del narcotráfico que continuaba creciendo, pero que sus
efectos eran neutralizados por ese desgaste militar. Y a las FARC-EP tampoco
les interesaba continuar esa guerra por la crisis interna que ya las amenazaba,
por los duros golpes que habían recibido, porque en buena medida necesitaban
legalizar recursos obtenidos del impuesto al narcotráfico y del que ellos
mismos realizaban y, de manera especial, porque política y estratégicamente,
habían perdido la perspectiva y la iniciativa.
Las
negociaciones se hicieron, los acuerdos se sellaron y todos los negociadores,
garantes y acompañantes los aplaudieron, pero esta vez, tampoco se cumplieron.
El jefe negociador del Gobierno, acuñó el lema de que ese “fue el Acuerdo más
perfecto” que se haya pactado en negociación alguna; y por ser tan perfecto, ni
sirvió ni se cumplió. La extrema derecha que nunca estuvo de acuerdo con las
negociaciones, movió todo su potencial político y ganó el plebiscito, una vez
firmados lo acuerdos. Ya desde antes de firmarlos había declarado tajantemente
que “haría trizas los acuerdos” y se dio el lujo de cumplir con lo prometido.
En el terreno, la retirada de las FARC-EP sirvió para que otros grupos
simplemente delincuenciales coparan los espacios libres, surgieron nuevos
grupos para retomar el negocio y otros que venían de antes, simplemente
expandieron esa actividad y, cultivos y procesamiento se incrementaron en más
de un 50%, en gran parte porque ahora había quedado libre del impuesto.
Esa
extrema derecha que ha sido la principal beneficiaria de la guerra, del
narcotráfico y del modelo neoliberal, no solo se dio el lujo de ganar el
plebiscito, sino de continuar con el régimen de la “Seguridad Democrática” por
un período más. Durante éste, cumplió con su promesa de “hacer trizas los
acuerdos”. Con el poder burocrático que han tenido y tienen en el aparato
estatal, con la indolencia y pasividad de muchos y hasta la complicidad de los
mismos jefes políticos del nuevo grupo legal que crearon las FARC-EP después de
negociar, se dio el lujo, no solo de tirar los acuerdos a la basura, sino de
tomar muchos recursos que habían sido asignados por el Gobierno nacional
anterior y Gobiernos extranjeros para poner en marcha el cumplimiento de los
acuerdos y los invirtió él a su amaño e hizo politiquería contante y sonante.
Ahora
ya es posible que podamos recordar que, esa misma oligarquía que ha existido
desde antes de conformar la República y continuó en ésta con peores maneras, a
José Antonio Galán, el gran dirigente y héroe del Movimiento de los Comuneros,
después de negociar su desmovilización y firmar acuerdos, lo degollaron,
descuartizaron y colgaron sus restos en diferentes sitios para sembrar el
terror y escarmentar a quienes intentaran reagruparse y seguir sus huellas. Le
negaron todo respaldo y no les importó las persecuciones que sufrió de parte
del gobierno colonial español José Antonio Nariño; persiguieron, hostigaron y
le hicieron la vida imposible a Simón Bolívar. Persiguieron y le hicieron la
guerra, sobre todo, a los liberales radicales del siglo XIX y, a fines de los
años 20 del siglo XX, llevaron a cabo una de las más monstruosas masacres, la
de Las Bananeras; en los años 30, armaron la “oposición democrática” contra las
reformas liberales del Alfonso López Pumarejo, retomaron el Gobierno y
fraguaron el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán; armaron la
“pajaramenta” (paramilitares de entonces), ensangrentaron al país con la
violencia de fines de los años 40 y de los 50, persiguiendo y eliminando, de manera
especial, a los liberales del pueblo e, impusieron una feroz contrarrevolución
agraria para oponerse a cualquier modificación a la gran propiedad territorial.
De
igual modo, sobre esa inmensa mole funeraria, pactaron la conformación del
Frente Nacional en 1.957 entre godos y liberales pertenecientes a esa élite o
que conciliaban con ella, asesinaron a los líderes guerrilleros liberales más
sobresalientes y tampoco cumplieron los acuerdos pactados para la
desmovilización del Movimiento Guerrillero Liberal y otros grupos que se habían
formado. Esa misma oligarquía que no ha permitido cambio alguno de régimen
político, se opuso radicalmente a la propuesta de Reforma Agraria de Carlos
Lleras Restrepo en los años 60 y 70 del siglo XX, movió a los terratenientes y
armó la segunda contrarrevolución agraria de este siglo XX. Ya con los primeros
vapores tibios del modelo neoliberal que comenzaba a volar desde Europa y
Norteamérica hacia el Sur, y el narcotráfico desde el Sur hacia el Norte, éste
crece en Colombia; crecen también los grupos guerrilleros, pero al mismo
tiempo, se producen cambios substanciales en las actividades productivas y
económicas del país, a recuperarse las fuerzas políticas reaccionarias, a la
par que se van extinguiendo las fuerzas revolucionarias a nivel mundial.
En
los años 80 del siglo XX, se fortalecen el modelo neoliberal en Colombia, el
narcotráfico y las fuerzas políticas más reaccionarias, especialmente de los
terratenientes, y es con la venia de éstas que se llega a la Asamblea Nacional
Constituyente de 1.991 y a la nueva Constitución Política de Colombia. A partir
de allí se profundiza el modelo neoliberal y en 1.994 se hace otro intento de
Reforma Agraria, a la cual, los narcotraficantes y terratenientes responden con
la tercera contrarrevolución agraria, en la que muchas tierras que los
campesinos habían recuperado antes, volvieron a manos de aquellos, como ya lo
hemos mencionado y llevan a cabo el despojo y desalojo del campo con los
procedimientos también mencionados antes.
A
“vuelo de pájaro” (según el proverbio campesino), lo anterior nos indica con
toda claridad, lo que ha sido y es el comportamiento político, la conducta y el
actuar reiterativo de esa oligarquía, de esa élite que ha gobernado en nuestro
país, cómo ha respondido ante las exigencias de nuestro pueblo por alcanzar
transformaciones políticas democráticas en las que se garanticen sus derechos y
pueda decidir el rumbo que debe seguir. He ahí la trascendencia de lo que nos
estamos jugando en este momento. O hacemos algo por consolidar el Proceso
de Democratización en Marcha en que está empeñado nuestro pueblo,
independientemente de las debilidades que tiene y precisamente por eso, y de
los errores que presenta, o este volverá a ser sepultado por muchos años por
esas fuerzas reaccionarias. No olvidemos en ningún momento que, este proceso
emerge en buena medida, de las grandiosas movilizaciones pocas veces vistas en
nuestro país de 2.019 y 2.021. Con toda la espontaneidad que tuvieran por ser
más un estallido social que un proceso mínimamente organizado y preparado, no
por ello, dejan de tener una profunda significación política y unas
repercusiones que se han sentido y seguirán sintiendo.
No
de manera espontánea y gratuita, pudimos apreciar como salieron al unísono los
expresidentes, desde Gaviria, Pastrana, Samper Pizano, Uribe Veles, Santos
hasta Duque, a rechazar el “petardo” de Petro de la Asamblea Constituyente. Y
lo más importante en este caso, no es que rechazaran esa propuesta, sino que,
de manera casi automática, alzaran la voz en defensa de la Constitución
Política de 1.991. “Nuestra Constitución” hay que defenderla, dijeron. Y si
Samper Pizano se desmarcó después aduciendo que no compartía la propuesta de
estos jefes políticos de la extrema derecha de hacer un “acuerdo nacional” para
esa defensa, porque según él (Samper), se trataba en ese caso de una gavilla
contra Petro, en nada cambia el asunto. Esta es la mejor prueba y demostración
de que tenemos la razón cuando en el anterior artículo de EL FRO SOCIAL, hemos
afirmado con la mayor contundencia, que es la extrema derecha la más cerrada
defensora e interesada en conservar la Constitución Política de 1,991. Si estas
expresiones políticas tan claras y explícitas no nos ayudan a ver y entender
que esa Constitución Política es el arma más poderosa en manos de la extrema
derecha para mantener el poder, entonces estos ciegos es que ya no quieren ver.
Pero no todos estamos ciegos ni queremos seguir en la ceguera, y si hemos
tenido debilidades para entender todo lo que implica, desde el punto de vista
político ese hecho, la barbarie que hemos vivido, en algo nos ha ayudado a
comprenderlo.
Por
eso repetimos, que más que “Acuerdos Nacionales”, “Asamblea Constituyente” o “
poder constituyente”, como lo han planteado el mismo Petro y algunos sectores y
personas cercanos al Gobierno actual, lo que realmente necesitamos es construir
una sólida Convergencia Democrática en la que obreros, campesinos,
indígenas, sectores populares urbanos y fuerzas políticas democráticas, que son
los que de verdad pueden darle sostenibilidad, permanencia y continuidad al Proceso
de Democratización en Marcha, que éste se consolide y realice, no solo las reformas que están planteadas,
sino que transforme todo su actuar político y demuestre que realmente es una
fuerza política democrática, recupere la confianza y lleve a cabo todo lo
que nuestro pueblo reclama y exige. Hemos dicho y repetimos que las reservas
para este propósito están abajo, en los sectores sociales y políticos que
realmente necesitamos esas trasformaciones, que queremos y necesitamos esos
cambios, que se comprometerán a realizarlos, sin ven que lo que se predica y se
hace, concuerda con lo que buscan y necesitan. No es con “acuerdos nacionales”
o “pactos históricos” por arriba, como se ha podido y podremos avanzar y consolidar
el Proceso
de Democratización en Marcha. Es con esa Gran Convergencia Democrática,
dotada de un claro Programa Político que defina y recoja las necesidades
económicas, políticas, sociales y culturales de nuestro pueblo, como podremos
consolidar el Proceso de Democratización en Marcha para lograr una mayor
independencia política, paso indispensable para avanzar en transformaciones más
profundas de la sociedad colombiana.
Cordialmente
Marino Ausecha Cerón
EL
FRO SOCIAL.
Popayán,
junio 4 /2.024
