LAS PASTILLAS PARA LA MEMORIA, SON LAS QUE MAS ME OLVIDO TOMAR.

 

LAS PASTILLAS PARA LA MEMORIA, SON LAS QUE MAS ME OLVIDO TOMAR.

 

Soy muy poco dado a usar las anécdotas. Pero ésta con la que inicio este escrito, la he elegido muy a propósito. Una vez terminado y publicado el artículo para EL FARO SOCIAL, DOS SUCESOS Y SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS… de mayo 27/2.024, me di un paseo navegando en canoa rústica por la Red de La Internet y me encontré precisamente con una “pastilla para la memoria”. Se trata de un recordatorio que hace el Profesor Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, que titula: A 40 AÑOS DEL ACUERDO DE LA URIBE, en el cual, además de recordarnos que este Evento se llevó a cabo en el Municipio de La Uribe (Meta), durante el Gobierno de Belisario Betancourt y la Comisión de Paz que había creado para el efecto, de la cual hacía parte la periodista Margarita Vidal, nos hace notar su importancia hoy, cuando han sucedido tantas cosas alrededor de la consecución de la paz. Por ello, creemos que EL FARO SOCIAL, sus amigos, lectores y ojalá muchas más personas, refresquemos la memoria y decidimos insertarlo aquí, tal como apareció en la fuente que lo publicó.

 

A 40 AÑOS DEL ACUERDO DE LA URIBE

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

 El 28 de mayo de 1984 —hace cuarenta años—, se firmó en el municipio de La Uribe, departamento del Meta, el primer acuerdo de paz con los grupos insurgentes colombianos. Este fue un pacto político de cese al fuego y de hostilidades, firmado entre la Comisión de Paz asesora del Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Aunque el alcance de este primer tratado de paz dista, millones de años luz, de lo que sería el Acuerdo Final firmado con la misma agrupación tres décadas después en 2016; este representa, en la historia de los procesos de paz, un hito fundacional de las negociaciones política entre el Gobierno y los grupos armados insurgentes en Colombia.

La importancia del Acuerdo de La Uribe, que se estructuró en 10 puntos y ocupó una cuanta página —redactadas a máquina por la periodista Margarita Vidal, una de las miembros de la Comisión de Paz de Belisario Betancur (ver imagen 1)—, se puede resumir en tres grandes componentes.

Imagen 1. Fuente: tomada de El Espectador. (2012). Instantes de paz.

El primero fue la promesa que hubo entre las partes de ejecutar labores luego de la firma. Por un lado, las FARC-EP se comprometieron con el Gobierno y el país a iniciar “a partir del 28 de mayo de 1984 a las 00:00 horas” un cese al fuego. Igualmente, parar los “demás operativos militares a todos sus frentes en el país” (punto 1 del Acuerdo).

También, en el punto 2, las FARC-EP se comprometieron a acabar con las prácticas terroristas, a “condenar y desautorizar nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas” y a avanzar para que no se den acciones que atenten “contra la libertad y la dignidad humana”.

Por el otro, el Gobierno se comprometió a gestionar varias reformas de carácter político, económico, agrario y social; a ampliar la cobertura de derechos básicos de los colombianos; y a esclarecer los casos de desaparición forzada (punto 8 del Acuerdo). Todas ellas acciones que, según el gobierno Betancur, eran necesarias para ayudar a la solución de las causas objetivas del conflicto.

El segundo componente fue la promesa del Estado a la guerrilla de poder participar en política. En el Acuerdo se estableció que los integrantes de las FARC-EP podrían “organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión” y, además, que el Gobierno les otorgaría “de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes”.

Promesa que se materializó unos meses después con la conformación de la Unión Patriótica (UP) y que permitió la participación en política de varios miembros de las FARC-EP Una organización legal que durante varios años logró competir con relativo éxito por los puestos de elección popular, como las alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales, el Senado y Cámara y la Presidencia de la República.

Finalmente, el tercer asunto importante fue avanzar, por primera vez, en la creación, desde el inicio de la firma del Acuerdo, una organización que se encargaría de verificar que todas las disposiciones establecidas en él se cumplieran. Estructura organizativa que quedó indicada en el punto cuarto con la Comisión Nacional de Verificación.

Esta, según comunicación presidencial del 27 de septiembre de 1984, se creó dos días después de la firma del Acuerdo y estuvo compuesta por 43 miembros y ampliada posteriormente con diez miembros más. Funcionó en Bogotá, pero dada la complejidad de las tareas, se les permitió el traslado a algunos sitios del país.

Además, tuvo a cargo varias subcomisiones de verificación, en lugares estratégicos y con presencia de las FARC-EP, como en Florencia, Caquetá; Vista Hermosa, Meta; Barrancabermeja, Santander; Aravena, Arauca; Santa Marta, Magdalena; Medellín, Antioquia; Neiva, Huila; Orito, Putumayo; y Cali, Valle (punto 5 del Acuerdo).

En conclusión, el Acuerdo de La Uribe —a pesar de no contar con un reglamento de cómo, cuándo y dónde negociar, y de que solo se realizaron dos reuniones para su construcción— se estructuró con los componentes necesarios para todo pacto de paz (ver imagen 2).

En él se fijaron tareas para todas las partes, se asumieron los compromisos sustantivos que apuntaban a generar las transformaciones que se consideraban esenciales para la terminación del conflicto y, finalmente, se pensó en una estructura organizativa que debe velar por su cumplimiento de lo pactado.

 

Imagen 2. Fuente: tomada de El Espectador (2012).

 

De allí, que este acuerdo de paz se haya convertido en el abuelo de los tratados de paz con la insurgencia colombiana. De él se desprendieron el firmado con el M-19 el 24 de agosto en Corinto, Cauca, y en El Hobo, Huila; con el Ejército Popular de Liberación (EPL) el 24 de agosto en Medellín; y con la Autodefensa Obrera (ADO) el 30 de agosto en Bogotá. Además, consiguió convertirse en el faro para la elaboración de otros acuerdos de paz.

Con este “refresco de memoria”, para algo debe servirnos la anécdota. Comencemos pues, a “deshilar” (o ¿deshilachar mejor?) la madeja. Aunque con alguna dificultad, podremos recordar que el 6 de noviembre de 1.985, un año largo después de firmado ese acuerdo, se presentaron en Bogotá los acontecimientos de la toma por un Comando del M-19 del Palacio de Justica y la retoma por parte del ejército nacional al día siguiente.  Sin entrar en detalles ni hacer comentarios sobre lo sucedido, sí podemos y debemos decir que fueron una terrible premonición de lo que se vendría en la segunda mitad de esta década y en la siguiente de los años 90.  A pesar de que en ese Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP, en ese momento se establecieron y pactaron compromisos de parte y parte, una de ellas, las FRC-EP, en muy buena medida y hasta cierto tiempo, cumplieron con lo que se habían comprometido, como el cese el fuego, a detener, al menos temporalmente el secuestro de personas, y dieron pasos para legalizar su acción política con la creación de la Unión Patriótica, con la cual alcanzaron una importante representación en los cargos de elección popular.

¿Y la otra parte contratante qué? Hasta cierto punto, Belisario, en el resto de su período que le quedaba, trató de cumplir con los que se había comprometido. Al menos hizo el intento, pero los Gobiernos que le sucedieron, ¿qué hicieron? Si este “refresco” no ha sido suficiente para reactivar la memoria, no podremos recordar que, después del año 85 y de los sucesos del Palacio de Justicia, comenzó el exterminio de la Unión Patriótica; que posteriormente, más de 3.000 militantes de esa organización política y del M-19, entre ellos, candidatos a corporaciones públicas y a la presidencia, fueron asesinados. Que este atroz delito de lesa humanidad, que este genocidio, fue meticulosa y sistemáticamente promovido por las fuerzas políticas de extrema derecha con sus organismos de represión legales e ilegales para frustrar y cerrar toda posibilidad de cambio político, igual que ahora, se oponen a los mínimos cambios que trata de realizar el Gobierno actual.

No cumpliendo el compromiso de garantizar la participación política legal de los alzados en armas, menos había intención de cumplir los demás compromisos que, según ese Acuerdo, “el Gobierno (de entonces) se comprometió a gestionar varias reformas de carácter político, económico, agrario y social; a ampliar la cobertura de derechos básicos de los colombianos; y a esclarecer los casos de desaparición forzada (punto 8 del Acuerdo). Todas ellas acciones que, según el gobierno Betancourt, eran necesarias para ayudar a la solución de las causas objetivas del conflicto”.

Con todo lo macabras que fueron esas acciones de la extrema derecha y sus organismos de represión legales e ilegales, nuestro pueblo no renunció a seguir luchando por sus derechos políticos, a realizar los cambios democráticos que ha buscado por tanto tiempo y, de alguna manera, obreros, campesinos, indígenas, sectores populares urbanos y fuerzas políticas democráticas, mantuvieron la resistencia, la lucha social y política que sirvieron como soporte para la Asamblea Constituyente de 1.991 y la aprobación de la nueva Constitución Política de Colombia. Aunque allí no se lograra lo que nuestro pueblo esperaba, no por ello podemos desconocer que fuera un intento más de lograr sus objetivos. Los resultados reales de este evento, los hemos expuesto sucintamente en nuestro anterior artículo EL “PETARDO” LANZADO POR GUSTAVO PETRO DE MARZO 28/2.024.  Por ello, no nos detenemos aquí en todo el significado político sobre el particular. Sin embargo, no podemos dejar de recordar e insistir en que, después de la Constituyente y la nueva Constitución, la extrema derecha aprovechó, con la proverbial habilidad que siempre han actuado en momentos clave, las debilidades de las fuerzas políticas populares y democráticas y las inconsistencias político-jurídicas de la Constitución, para irse con todo en la ejecución práctica de la apertura de mercados, de la falacia de la apertura democrática y del modelo neoliberal, salvando los obstáculos que antes había encontrado.

Y a la par que avanzaba a marchas forzadas esa ejecución del modelo neoliberal a la sombra de que la nueva Constitución Política no resolvió problemas vitales como el de no modificar en lo más mínimo la perversa concentración de la propiedad territorial y la propiedad accionaria de empresas industriales, comerciales, bancarias y de servicios, el incremento del narcotráfico acrecentó la violencia de éste, de la insurgencia, principalmente de las FARC-EP, se intensificaron las grandes tomas guerrilleras en diferentes partes del país, las múltiples tomas a cabeceras municipales y el copamiento de amplios espacios territoriales, de un lado; del otro lado, se disparó el accionar de las llamadas autodefensas campesinas y el paramilitarismo.

La década de los años 90 del siglo XX fue un período tétrico, sombrío y aciago de mayor avance en la confección y ejecución del modelo neoliberal con la venta en remate de las empresas públicas que aún quedaban, la entrega de la saludad y la educación a los operadores privados, terminación del desmonte de muchas obligaciones y funciones públicas del Estado y reducción del mismo, pero sobre todo, de apogeo de la violencia y terrorismo rural y urbano promovidos por los carteles del narcotráfico, el paramilitarismo y las guerrillas, principalmente de las FARC-EP, no solo con las tomas de bases militares y poblaciones, sino con el abominable delito del secuestro en la forma como lo ejercieron, que les costó todo su porvenir político por ganarse una imagen detestable que de ningún modo, han podido ni podrán borrar de la memoria del pueblo colombiano. Ya para fines de esta década fue puesto en marcha el Plan Colombia, dirigido a incrementar el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas, adiestrarlas y fortalecerlas con dotación de mejor armamento, apoyo logístico y de combate, inteligencia militar y mejoramiento de la actividad operacional estratégica y táctica y que heredara el posterior Gobierno de la “Seguridad Democrática”.

El impresionante saldo a favor de la élite que ha concentrado y concentra la mayor parte de riquezas del país, y del saldo en rojo en contra de obreros, campesinos, sectores populares urbanos y organizaciones políticas y sociales democráticas, no tiene parangón en la historia de Colombia. La llamada informalidad, es decir de trabajadores sin empleo ni rumbo fijo, sin organización social y sin ningún tipo de seguridad social, porque fueron despojados de los mínimos derechos de estabilidad laboral y de la seguridad social, pasó a ocupar una cifra demasiado alta que ha llegado a más del 60% de la fuerza laboral y que junto con el desempleo que siempre ha estado por encima del 10%, conforman una realidad inocultablemente escandalosa. Más de 8 millones de campesinos fueron despojados de más de 5 millones de hectáreas y expulsados del campo; cientos de masacres en algunas ciudades, pero principalmente en áreas rurales con terribles consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales y sicológicas para las víctimas; tierras que hoy están dedicadas a producir en la agroindustria del banano, palma aceitera, otros productos y ganado, ya no en la vieja modalidad del terrateniente que recorría los caminos y las propiedades a caballo con su indumentaria típica y zurriago, sino por el narco o el paraco “modernos”, a cuyas manos regresaron de esa manera, la mayor parte de tierras que antes habían recuperado los campesinos; fueron eliminados cientos de miles de activistas y luchadores políticos y sociales, destruidas y aniquiladas sus organizaciones y convertidos muchos lugares en fosas comunes.

En ese sombrío panorama, en esa inmensa mole funeraria, llegó en 2.002 la “Seguridad Democrática” al Palacio de la Infamia, a continuar con lo que todavía les faltaba por arruinar y envilecer en la vida y la conciencia de nuestro pueblo. Quien llegó no fue el héroe, el luchador político y social, sino el salvaje enchamarrado en su corcel de rudo inculto que no tiene superiores ni obedece partidos ni sabe nada de instituciones de Derecho, que no obedece más que a sus instintos primarios.  La “Seguridad Democrática” continúo la tiranía de esa élite que llevó a cabo esa gigantesca expropiación física y política a nuestro pueblo, armó camorras con Gobiernos vecinos, desplegó el principal sostén del régimen para alejar el fantasma de la guerrilla que había inundado muchas zonas pero que ya cargaba con el pesado fardo del desprestigio político por sus actuaciones totalmente fuera de toda lógica política revolucionaria o, siquiera mínimamente democrática, para garantizarle allí sí, seguridad y confianza a esa élite y a los inversionistas extranjeros y que pudieran continuar en la profundización del modelo neoliberal con su modalidad de Programa agro-minero de exportación e inversión de capitales externos en el país, con el consiguiente saqueo del mismo.

Igual suerte corrió la “Seguridad Democrática” que encabezó el rudo enchamarrado. Su agotamiento y desprestigio llegaron relativamente pronto y hubo de ser reemplazado por otro de perfil un tanto aristócrata, pero más moderno, menos rudo y tosco, pero no menos cruel, más culto sí, pero mejor adiestrado en las artes de buen “encantador de serpientes”. Esto no significó más que la continuidad de la “Seguridad Democrática” con el mismo Programa y mejor gerencia y sub-gerencias. La política de seguridad también siguió siendo la misma, pero sí con ajustes y refinamientos, en particular, en las labores de inteligencia y ataques a una guerrilla que, ya para entonces, se encontraba en una situación de crisis interna, mucho desprestigio político y en retirada. En tales circunstancias, el llegar a la mesa de negociación entre el Gobierno y las FARC-EP, no es que constituyera una gran Azaña política, como se la presentó y se ha querido consagrar en la historia.

La verdad es que ambos necesitaban negociar. A la élite que había acumulado enormes riquezas y su gobierno interesados en profundizar y sostener el modelo neoliberal que ya comenzaba a presentar serias grietas desde la crisis financiera de 2.008, no les convenía sostener una guerra que ya no le servía para llevar adelante ese proceso anterior de acumulación de riquezas, a no ser, por la actividad del narcotráfico que continuaba creciendo, pero que sus efectos eran neutralizados por ese desgaste militar. Y a las FARC-EP tampoco les interesaba continuar esa guerra por la crisis interna que ya las amenazaba, por los duros golpes que habían recibido, porque en buena medida necesitaban legalizar recursos obtenidos del impuesto al narcotráfico y del que ellos mismos realizaban y, de manera especial, porque política y estratégicamente, habían perdido la perspectiva y la iniciativa.

Las negociaciones se hicieron, los acuerdos se sellaron y todos los negociadores, garantes y acompañantes los aplaudieron, pero esta vez, tampoco se cumplieron. El jefe negociador del Gobierno, acuñó el lema de que ese “fue el Acuerdo más perfecto” que se haya pactado en negociación alguna; y por ser tan perfecto, ni sirvió ni se cumplió. La extrema derecha que nunca estuvo de acuerdo con las negociaciones, movió todo su potencial político y ganó el plebiscito, una vez firmados lo acuerdos. Ya desde antes de firmarlos había declarado tajantemente que “haría trizas los acuerdos” y se dio el lujo de cumplir con lo prometido. En el terreno, la retirada de las FARC-EP sirvió para que otros grupos simplemente delincuenciales coparan los espacios libres, surgieron nuevos grupos para retomar el negocio y otros que venían de antes, simplemente expandieron esa actividad y, cultivos y procesamiento se incrementaron en más de un 50%, en gran parte porque ahora había quedado libre del impuesto.

Esa extrema derecha que ha sido la principal beneficiaria de la guerra, del narcotráfico y del modelo neoliberal, no solo se dio el lujo de ganar el plebiscito, sino de continuar con el régimen de la “Seguridad Democrática” por un período más. Durante éste, cumplió con su promesa de “hacer trizas los acuerdos”. Con el poder burocrático que han tenido y tienen en el aparato estatal, con la indolencia y pasividad de muchos y hasta la complicidad de los mismos jefes políticos del nuevo grupo legal que crearon las FARC-EP después de negociar, se dio el lujo, no solo de tirar los acuerdos a la basura, sino de tomar muchos recursos que habían sido asignados por el Gobierno nacional anterior y Gobiernos extranjeros para poner en marcha el cumplimiento de los acuerdos y los invirtió él a su amaño e hizo politiquería contante y sonante.

Ahora ya es posible que podamos recordar que, esa misma oligarquía que ha existido desde antes de conformar la República y continuó en ésta con peores maneras, a José Antonio Galán, el gran dirigente y héroe del Movimiento de los Comuneros, después de negociar su desmovilización y firmar acuerdos, lo degollaron, descuartizaron y colgaron sus restos en diferentes sitios para sembrar el terror y escarmentar a quienes intentaran reagruparse y seguir sus huellas. Le negaron todo respaldo y no les importó las persecuciones que sufrió de parte del gobierno colonial español José Antonio Nariño; persiguieron, hostigaron y le hicieron la vida imposible a Simón Bolívar. Persiguieron y le hicieron la guerra, sobre todo, a los liberales radicales del siglo XIX y, a fines de los años 20 del siglo XX, llevaron a cabo una de las más monstruosas masacres, la de Las Bananeras; en los años 30, armaron la “oposición democrática” contra las reformas liberales del Alfonso López Pumarejo, retomaron el Gobierno y fraguaron el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán; armaron la “pajaramenta” (paramilitares de entonces), ensangrentaron al país con la violencia de fines de los años 40 y de los 50, persiguiendo y eliminando, de manera especial, a los liberales del pueblo e, impusieron una feroz contrarrevolución agraria para oponerse a cualquier modificación a la gran propiedad territorial.

De igual modo, sobre esa inmensa mole funeraria, pactaron la conformación del Frente Nacional en 1.957 entre godos y liberales pertenecientes a esa élite o que conciliaban con ella, asesinaron a los líderes guerrilleros liberales más sobresalientes y tampoco cumplieron los acuerdos pactados para la desmovilización del Movimiento Guerrillero Liberal y otros grupos que se habían formado. Esa misma oligarquía que no ha permitido cambio alguno de régimen político, se opuso radicalmente a la propuesta de Reforma Agraria de Carlos Lleras Restrepo en los años 60 y 70 del siglo XX, movió a los terratenientes y armó la segunda contrarrevolución agraria de este siglo XX. Ya con los primeros vapores tibios del modelo neoliberal que comenzaba a volar desde Europa y Norteamérica hacia el Sur, y el narcotráfico desde el Sur hacia el Norte, éste crece en Colombia; crecen también los grupos guerrilleros, pero al mismo tiempo, se producen cambios substanciales en las actividades productivas y económicas del país, a recuperarse las fuerzas políticas reaccionarias, a la par que se van extinguiendo las fuerzas revolucionarias a nivel mundial.

En los años 80 del siglo XX, se fortalecen el modelo neoliberal en Colombia, el narcotráfico y las fuerzas políticas más reaccionarias, especialmente de los terratenientes, y es con la venia de éstas que se llega a la Asamblea Nacional Constituyente de 1.991 y a la nueva Constitución Política de Colombia. A partir de allí se profundiza el modelo neoliberal y en 1.994 se hace otro intento de Reforma Agraria, a la cual, los narcotraficantes y terratenientes responden con la tercera contrarrevolución agraria, en la que muchas tierras que los campesinos habían recuperado antes, volvieron a manos de aquellos, como ya lo hemos mencionado y llevan a cabo el despojo y desalojo del campo con los procedimientos también mencionados antes.

A “vuelo de pájaro” (según el proverbio campesino), lo anterior nos indica con toda claridad, lo que ha sido y es el comportamiento político, la conducta y el actuar reiterativo de esa oligarquía, de esa élite que ha gobernado en nuestro país, cómo ha respondido ante las exigencias de nuestro pueblo por alcanzar transformaciones políticas democráticas en las que se garanticen sus derechos y pueda decidir el rumbo que debe seguir. He ahí la trascendencia de lo que nos estamos jugando en este momento. O hacemos algo por consolidar el Proceso de Democratización en Marcha en que está empeñado nuestro pueblo, independientemente de las debilidades que tiene y precisamente por eso, y de los errores que presenta, o este volverá a ser sepultado por muchos años por esas fuerzas reaccionarias. No olvidemos en ningún momento que, este proceso emerge en buena medida, de las grandiosas movilizaciones pocas veces vistas en nuestro país de 2.019 y 2.021. Con toda la espontaneidad que tuvieran por ser más un estallido social que un proceso mínimamente organizado y preparado, no por ello, dejan de tener una profunda significación política y unas repercusiones que se han sentido y seguirán sintiendo.

No de manera espontánea y gratuita, pudimos apreciar como salieron al unísono los expresidentes, desde Gaviria, Pastrana, Samper Pizano, Uribe Veles, Santos hasta Duque, a rechazar el “petardo” de Petro de la Asamblea Constituyente. Y lo más importante en este caso, no es que rechazaran esa propuesta, sino que, de manera casi automática, alzaran la voz en defensa de la Constitución Política de 1.991. “Nuestra Constitución” hay que defenderla, dijeron. Y si Samper Pizano se desmarcó después aduciendo que no compartía la propuesta de estos jefes políticos de la extrema derecha de hacer un “acuerdo nacional” para esa defensa, porque según él (Samper), se trataba en ese caso de una gavilla contra Petro, en nada cambia el asunto. Esta es la mejor prueba y demostración de que tenemos la razón cuando en el anterior artículo de EL FRO SOCIAL, hemos afirmado con la mayor contundencia, que es la extrema derecha la más cerrada defensora e interesada en conservar la Constitución Política de 1,991. Si estas expresiones políticas tan claras y explícitas no nos ayudan a ver y entender que esa Constitución Política es el arma más poderosa en manos de la extrema derecha para mantener el poder, entonces estos ciegos es que ya no quieren ver. Pero no todos estamos ciegos ni queremos seguir en la ceguera, y si hemos tenido debilidades para entender todo lo que implica, desde el punto de vista político ese hecho, la barbarie que hemos vivido, en algo nos ha ayudado a comprenderlo.    

Por eso repetimos, que más que “Acuerdos Nacionales”, “Asamblea Constituyente” o “ poder constituyente”, como lo han planteado el mismo Petro y algunos sectores y personas cercanos al Gobierno actual, lo que realmente necesitamos es construir una sólida Convergencia Democrática en la que obreros, campesinos, indígenas, sectores populares urbanos y fuerzas políticas democráticas, que son los que de verdad pueden darle sostenibilidad, permanencia y continuidad al Proceso de Democratización en Marcha, que éste se consolide y realice, no solo las reformas que están planteadas, sino que transforme todo su actuar político y demuestre que realmente es una fuerza política democrática, recupere la confianza y lleve a cabo todo lo que nuestro pueblo reclama y exige. Hemos dicho y repetimos que las reservas para este propósito están abajo, en los sectores sociales y políticos que realmente necesitamos esas trasformaciones, que queremos y necesitamos esos cambios, que se comprometerán a realizarlos, sin ven que lo que se predica y se hace, concuerda con lo que buscan y necesitan. No es con “acuerdos nacionales” o “pactos históricos” por arriba, como se ha podido y podremos avanzar y consolidar el Proceso de Democratización en Marcha. Es con esa Gran Convergencia Democrática, dotada de un claro Programa Político que defina y recoja las necesidades económicas, políticas, sociales y culturales de nuestro pueblo, como podremos consolidar el Proceso de Democratización en Marcha para lograr una mayor independencia política, paso indispensable para avanzar en transformaciones más profundas de la sociedad colombiana.

 

Cordialmente

Marino Ausecha Cerón

 

EL FRO SOCIAL.

Popayán, junio 4 /2.024