jueves, 11 de julio de 2024

SI NO ES PETRO, ¿ENTONCES QUIEN?...

 

“Si el Presidente Petro no hace un replanteamiento de fondo de su gobierno, el país caerá peligrosamente en manos de la política extrema violenta y militarista. No será algo nuevo, pero si será mucho peor que lo que hemos vivido hasta ahora, porque con el pretexto de que está gobernando la izquierda le atribuirán a Petro todo lo que ellos hicieron: la pobreza, el atraso, la violencia, la inseguridad, el olvido del país, la falta de una economía productiva, que nos ha dejado en poder de las mafias”. (William Ospina, EL ESPECTADOR. Junio 30/2.024).

Lo que aquí nos dice William Ospina no es nada distinto de lo que, con tanta perfidia, nos fastidian los oídos todos los días la extrema derecha vaciando todo lo malo contra él, y paradójicamente desde la otra orilla, atribuyéndole todo lo bueno o, exigiéndole que resuelva y haga todo él, como persona. Y no es que digamos esto con el ánimo de descalificar al Dr. Ospina. Entre otras cosas porque hemos advertido un cierto cambio de su tono pendenciero contra Petro. Por lo menos en el anterior artículo reconoce que, si el gobierno Petro no mejora en el resto de tiempo que le queda, el país caerá en “la política extrema violenta y militarista” y, por tanto, debe hacer “un replanteamiento de fondo de su gobierno”. Hemos elegido su opinión a propósito porque nos da una oportunidad magnífica de descargar todo el peso de nuestra crítica contra ella, a sabiendas de que esa manía inveterada de explicar los problemas económicos, políticos y sociales personalizándolos, no es de su exclusiva cosecha.

He aquí la silueta diáfana de la mitomanía, de la leyenda, de la gran mentira de los hombres predestinados, de los individuos con poderes mágicos, capaces de resolver, desde los problemas más simples hasta los más difíciles en situaciones muy complejas. Desde las épocas heroicas en los inicios de las civilizaciones antiguas que modelaron en la imaginación de los creyentes, sus dioses, semi-dioses, héroes, profetas, mesías, reyes y sacerdotes, únicos seres humanos dotados de poderes especiales capaces de conducir a sus pueblos y, por tanto, de hacer historia, hasta la conciencia e ideología liberal de los tiempos    modernos y posmodernos creadoras de la imagen de los superhombres, capaces vencer a “las fuerzas del mal”, triunfar y proteger, “él solo” (el superhombre), como individuo, a los demás mortales, resolverlo todo y hacerlo todo.

Siempre la misma mentirilla piadosa de personificar las hazañas, logros, triunfos y acciones exitosas como fruto de las cualidades excelsas de determinados personajes, o los errores, fracasos y desaciertos de los incapaces o de los tercos que no escuchan. Mentirilla que empezara a ser demolida por los progresos de las ciencias naturales y sociales a partir del siglo XV y que la irrupción vertiginosa del desarrollo científico y tecnológico de los siglos XVII y XVIII barrieran, sin el honor siquiera del reciclaje. Este grandioso proceso probó, comprobó, demostró y enseñó que las grandes transformaciones de las sociedades en su historia, no las hacen personas, individuos, por muy geniales que ellos sean, sino los pueblos conducidos por fuerzas políticas y sociales que ellos mismos las crean; que los individuos pueden jugar un papel importante en esos cambios, pero que ellos solos, como individuos, por muy genios que sean, pueden contribuir, pero no cambiar el mundo a su arbitrio.  

No es precisamente a Petro al que hay pedirle, exigirle, demandarle u ordenarle que replantee “su obra de gobierno”. De entrada, convengamos en que no es propiamente “su obra de gobierno” lo que le piden o exigen que replantee. Lo que le exigen que replantee es el mandato, los propósitos y propuestas con que salió electo. A quienes hay que exigirles y exigirles con mayúscula, no que replanteen “la obra de gobierno de Petro”, sino que asuman la responsabilidad histórica que les corresponde, es a las fuerzas políticas y sociales que dijeron estar con el cambio y se comprometieron ante el país a hacerlo. Es en primera instancia a Colombia Humana que era supuestamente la fuerza política que giraba en torno a su jefe político Petro y al Pacto Histórico, a quienes hay que exigirles que asuman la responsabilidad de hacer lo que el país ha reclamado y reclama y que respondan por lo que se comprometieron, colocándose frente a sus fuerzas políticas y frente a los millones de colombianos que necesitan en este momento, que se les movilice y conduzca, por lo menos en el tiempo que queda, a cerrarle el camino a la extrema derecha que ya lo tiene armado.

No nos andemos con rodeos. Colombia Humana, es una fuerza gris, desaparecida, que ni suena ni truena. Ha sido y es más una empresa electoral que ha girado y gira en torno al jefe, que no ha sido ni es una organización con programa político propio, estructura organizativa y un mínimo de acción política democrática a su interior, y menos ha tenido ni tiene el carácter de Movimiento Político y Social. En resumidas cuentas, es una montonera de adeptos al jefe que dependen de lo que él diga, proponga y haga. Y en cuanto al Pacto Histórico se refiere, ya hemos expresado antes que no es más que una colcha de retazos sin coherencia política, sin un mínimo de ideario y propósitos comunes, colectivos que unifiquen, al menos, planes de acción y consolidación de las buenas intenciones del jefe.

A estas alturas, pedirle a Petro que “replantee su gobierno”, que dé un timonazo a lo que supuestamente está mal de su administración es, según el refrán popular, “pedirle peras al olmo”. Y suponiendo que eso se diera, o que Petro pudiera sin más ni más hacer cosa parecida, ¿en qué sentido tendría que dar “ese timonazo” ?; ¿en qué dirección y hacia dónde debe dirigir esas acciones? Y una vez más, preguntamos: ¿sería él como persona? ¿O no será que somos muchos los que estamos obligados a hacer ese replanteamiento, o al menos, contribuir a que se haga?

El Dr. Ospina sugiere unas líneas como las de promover la agroindustria y la producción orgánica de alimentos, construir de manera agresiva vías de comunicación y lograr un mayor acoplamiento de la realidad del país y el conocimiento en educación, pero el sentido en que se haría esto sigue en la penumbra, o, mejor dicho, puede quedar claro para los interesados. Porque el mayor impulso a la agroindustria y la saludable producción orgánica de alimentos a ella asociada, puede ir muy bien en el sentido de la SAC, Lafori y su dignísima esposa, la Senadora Cabal; la construcción agresiva de vías de comunicación puede caer como anillo al dedo a las cementeras, a las firmas constructoras y a Vargas Lleras; y una mayor comunión de la realidad con el conocimiento, de igual modo, puede ser recibido con alborozo por las Universidades privadas mejor posicionadas en el mercado, porque a la Universidad pública solo le queda el ripio; esto lo atestigua con toda claridad, la propuesta de reforma a la educación que no resuelve nada estructural ni de fondo. Más adelante, en el lugar que hagamos nuestras propuestas, explicaremos mejor esta parte.

Sin caer en cuentas alegres, siendo objetivos y realistas, tenemos que aceptar, así sea a regañadientes, que hemos perdido los 2 primeros años que son definitivos para que una propuesta política de cambio demuestre hasta dónde está en capacidad de hacer lo que propuso, y más, en el escenario en que estamos inmersos en nuestro país, sometido y dominado por toda clase de fuerzas políticas de extrema derecha, reaccionarias, que van desde las  altas cumbres hasta los bajos fondos, desde los ostentosos centros de poder hasta las periferias más deprimidas, desde las esferas tradicionales suficientemente conocidas hasta no pocos armados y desarmados que visten de muy diversos plumajes como “luchadores”, “revolucionarios”, “alternativos”, “progresistas”.

Así las cosas, no esperemos a “que Petro” haga lo que no pudo hacer de entrada, al comenzar su gobierno, y menos, si seguimos empecinados en creer que es Petro como persona o como gobierno, el que tiene que hacer todo y removerlo todo, entre otras cosas, porque en un régimen verdaderamente democrático, el Gobierno no es gobierno de personas, sino de fuerzas políticas democráticas y de instituciones estatales regidas por normas de Derecho, no por órdenes personales. El carácter fundamental de la democracia liberal y, sobre todo de los demócratas consecuentes, es que deben poner en primer plano a los Partidos Políticos democráticos, como instrumentos esenciales para concentrar y expresar, más que los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, sus derechos políticos de conjunto, comunes y colectivos.

Es precisamente a los autócratas y a la plutocracia antidemocrática del modelo neoliberal, a la que le interesa poner en primer plano los intereses y derechos económicos y sociales, porque eso les permite a sus promotores, privilegiar los intereses y derechos individuales y particulares para destruir lo público y colectivo. Es eso lo que ha pervertido y destruido las democracias liberales y, con mayor razón, a los Partidos liberales democráticos. Su lema y su guía básica es poner al individuo por encima de todo, las libertades, intereses y derechos individuales como el motivo exclusivo y excluyente que debe guiar la conducta política y social de las personas. Ejemplo clásico en este orden de ideas, es la “genialidad” uribista del “Estado comunitario”, en el que se puede repartirle pan y circo (diversión) a los súbditos y garrote a los que refunfuñen, o plomo a los que intenten desconocer la autoridad del emperador del “Estado comunitario”. 

Que Petro no haya podido hacer y cumplir con su promesa de cambio, ¿qué demuestra? Eso no demuestra que sea incapaz o que tenga demasiadas fallas que le impidan realizar sus propósitos. Eso, lo que demuestra es que las fuerzas democráticas consecuentes somos demasiado débiles. Los incapaces y en algunos casos inútiles somos nosotros, como fuerzas políticas democráticas consecuentes, de lo cual nos hemos vanagloriado tanto. Eso, lo que demuestra es que no estamos ni siquiera a la altura de los liberales radicales del siglo XIX que, si bien tampoco pudieron transformar el país, al menos, hicieron esfuerzos mucho más meritorios que nosotros. Así es que ciertos fanfarrones que tanto han boconeado de su condición de revolucionarios, es bueno que piensen y entiendan que el calor no está en las sábanas. Y lo mismo hay que decirles a no pocos “recilientes” que se han opuesto y se oponen con toda clase de argucias a asumir la obligación de construir organización política y fuerza democrática consecuente para avanzar, no solo en el apoyo a Petro, sino principalmente en los procesos de democratización en marcha del país.

Para continuar en esta línea de objetividad y de ser realistas, creemos que ya no es posible lograr lo que debió hacerse desde el comienzo del gobierno del Presidente Petro. Pero sí estamos obligados a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que esa propuesta de cambio, nuevamente se hunda en el fracaso. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por salvar, por lo menos, algunas de las propuestas que, más que reformas y compromisos de este gobierno, son obligaciones de toda la sociedad nacional, exigencias imperativas que no podemos darnos el lujo de seguirlas aplazando. Ojalá que los últimos cambios ministeriales, a sabiendas de que no son la solución de fondo que se necesita, den mejores perspectivas y resultados que recobren la confianza, en medio de la incertidumbre.

Desde nuestro modo de ver y entender la realidad, creemos que lo más urgente, de acuerdo a como está la situación del momento, es promover, hacer y ponerse al frente de una gran convocatoria nacional de todas las fuerzas políticas y sociales democráticas que estamos interesadas y decididas, no a salvar a Petro, sino al país de otros cuantos años de suplicios causados por derechistas y extremistas que ya armaron la revancha, envalentonados por los triunfos que están logrando a nivel internacional y por nuestra incapacidad política y falta de voluntad para deshacernos de la herencia grupista que tan negativamente nos ha marcado. Convocatoria nacional que tanga como propósito prioritario constituir una Gran Convergencia Democrática Nacional con una mínima coordinación y organización que unifique, le de orden y coherencia al accionar conjunto con unos propósitos mínimos para el resto de gobierno que queda y, en lo posible, garantice la continuidad de los Procesos de Democratización en Marcha.

Se trata en este caso de una acción de emergencia para ponerse de acuerdo y unificar a un amplio espectro político sobre unos pasos y salidas de emergencia. No podemos pretender llegar allí a marcar el rumbo del país para 20, 30 o 50 años, puesto que eso, en términos económicos, políticos y técnicos, necesita procesos, esfuerzos y trabajos juiciosos de mucho debate. Pero si estamos obligados a explorar, encontrar y unificar pensamiento y voluntades en torno a unos problemas y propósitos comunes inmediatos para revertir la situación de pérdida de credibilidad y desconcierto que continúa ahondándose, en la medida en que no hagamos nada.

Consideramos que es perentorio, es un imperativo histórico, político, social y moral, no solo del gobierno, sino del Estado y la sociedad entera, cumplirles a todas las víctimas de la guerra interna, tanto las que fueron afectadas por el paramilitarismo, como las que lo fueron por unas guerrillas que perdieron el sentido que justificó su origen y se degradaron. Es una obligación que no da pie a dilaciones, demoras y pretextos para no cumplirles con la restitución de tierras y demás derechos económicos, políticos y sociales. Es necesario apretar el acelerador en la adquisición y restitución de tierras a quienes las perdieron, entendiendo que eso no es suficiente. Es indispensable que dicha entrega, incluya el acompañamiento técnico y administrativo en los procesos organizativos, productivos, comerciales y financieros. Que estas acciones contribuyan a avanzar hacia la agroindustria asociativa, cooperativa y solidaria de los pequeños y medianos productores con capacidad para desarrollar sus propios procesos y evitar que sigan de víctimas del sistema financiero, de las grandes empresas nacionales y extrajeras que los someten a las formas actuales de “las alianzas productivas” y la “agricultura por contrato” que no son más que nuevas formas de aparcería.

Sin embargo, algo a tener en cuenta es que, a la gran mayoría de víctimas, le tocó desplazarse a poblaciones y ciudades, las cuales, por muchas razones, no pueden, o no tienen interés en volver al campo. La restitución de derechos en este caso, debe hacerse de otra manera, pero en general, las demás actividades a las que se dediquen, pueden adoptar el mismo modelo de organización asociativo, cooperativo y solidario. Y algo complementario, pero de suma importancia en este caso. Hemos insistido antes en la urgencia de recuperar y restablecer los derechos y las normas jurídicas que amparaban anteriormente al sistema cooperativo. El modelo neoliberal que nos impusieron, amputó esos derechos y normas. Con el ultrarreaccionario cuento de “la igualdad de derechos”, dejaron a las cooperativas y al sistema cooperativo en la misma condición de las empresas privadas, cuando aquel había conquistado un régimen jurídico especial, por tratarse de un esfuerzo de muchas personas asociadas, no con el ánimo de amasar fortunas de personas o familias para su exclusivo beneficio. Con ello, dejó a las cooperativas a merced del modelo.

Por eso, hemos insistido en la necesidad de promover con toda la fuerza que sea posible una reforma de ese régimen jurídico vigente para recuperarle y restablecerle derechos, ya que se trata de un sistema de trabajo, de producción y prestación de servicios con carácter social y no para beneficio de unas personas. Si de lo que se trata es de luchar por alcanzar transformaciones económicas, políticas y sociales en la perspectiva de resolver situaciones como las chocantes e insolentes desigualdades que nos afligen; si de lo que se trata es de desarrollar los enormes potenciales en recursos naturales, biodiversidad y talento humano que tenemos, lo que hay que colocar por encima de cualquier otra consideración, es el trabajo de los colombianos. Y en este caso, el sistema cooperativo es, sin duda alguna, una herramienta de mucha importancia y utilidad para dignificarlo, engrandecerlo, siempre y cuando se le restituyan esos derechos; de otra manera, seguirá siendo un instrumento útil para el modelo neoliberal que le amputó sus brazos y lo sometió a la dinámica de acumulación de capital y de riquezas de individuos, familias o de los gigantescos grupos financieros.

Las demás reformas a la salud, laboral, pensional y de la educación, no resuelven nada de fondo y, por el contrario, en algunos aspectos, lo que conseguirán, será agravar más las cosas. Quitarle la asignación de recursos públicos a las EPS para que éstos se concentren aún más en las IPS que siguen siendo empresas privadas, no es que constituya un gran cambio. Quitarles las ganancias a unos para concentrarlas en otros, en nada resuelve el problema. La reforma laboral no es más que una “conquista” de la burocracia sindical amamantada en y por el modelo económico anterior, pervertida en la corrupción, convertida en élite y una “partecita” de esa oligarquía que nos carcome a todos. Tal como quedó aprobada, afectará a todos los pequeños y medianos empresarios de las diferentes especialidades, puesto que los lleva a asumir costos laborales que no pueden, porque el modelo neoliberal con su mayor automatización de los procesos productivos, le ha estrechado al máximo sus márgenes de maniobra, y afectará gravemente al sistema cooperativo en las condiciones en que se encuentra, como lo mencionamos antes.

Y esto que acabamos de exponer, hay que ponerlo no solo en la perspectiva de un gobierno débil como lo es el actual; aun suponiendo que hubiera una continuidad que es bien poco probable, si las fuerzas políticas que lo sustentarían, siguen atragantadas en su debilidad sin proponerse salir de allí, las cosas no mejorarán, y todo lo que podrán hacer es prolongar la agonía. El retorno de la extrema derecha al timón del gobierno nacional, no es solo hipotética y de alguna probabilidad. Ya, esta extrema derecha hizo lo que tenía que hacer; recuperó las principales alcaldías del país y, con ello, prepara el siguiente paso que es recuperar el resto. Todo indica que el verdadero timonazo que tanto le reclaman y suplican a Petro, lo dará la extrema derecha. Son ya suficientemente conocidos los pasos de recuperación que esas fuerzas han tenido en todo el mundo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esa recuperación, desde las derechas más extremistas, de las corrientes religiosas más retrógradas, los neonazifascistas, hasta las más moderadas?

Desde EL FARO SOCIAL prendimos las alarmas, más o menos, desde 2.014, cuando empezamos a llamar la atención sobre el rearme, la carrera armamentista que se desataba y luego sobre la reconversión tecnológica para mejorar la producción y uso de armamento con estándares de muy alta precisión. ¿Por qué esta carrera armamentista? Por una razón muy sencilla. El modelo neoliberal que impuso el gran capital internacional, pasó como el huracán, dejando los escombros. Destrozó los Estados nacionales, sometió a toda la economía mundial al libre juego del mercado con sus tratados de libre comercio. Destruyó las frágiles trincheras jurídicas que la clase obrera había creado para proteger el trabajo y la estabilidad laboral. Se disparó la “informalidad” y el trabajo precario. “Deshizo” con aterradora crueldad, todo foco de resistencia y se entregó a la orgia de una nueva acumulación de capital en pocas manos que envidiarían los magnates que promovieron la revolución industrial del siglo XVIII. El crecimiento de la economía mundial fue espectacular desde la década de los años 80 del siglo XX, hasta el fin de la primera década del siglo XXI. La crisis financiera de 2.008, marcó el apogeo de ese crecimiento y la vertiginosa concentración de la riqueza mundial en los países más ricos y especialmente en los gigantescos monopolios y oligopolios trans-multinacionales.

Al iniciarse la segunda década del siglo XXI, comenzó el descenso de ese crecimiento y acumulación de capital y a agudizarse las contradicciones por la disputa de las más grandes economías mundiales por acceder a otros mercados o por lo menos, mantener los que tenían. Con ello y por ello, reactivaron el armamentismo porque ya la disputa por mercados y zonas de influencia no podía continuar por los medios simplemente económicos y políticos. Las confrontaciones armadas se ponían al orden del día. Se emprendieron nuevas guerras en otros sitios y se continuaron otras viejas, pero con mayor intensidad. Hemos sido incisivos en señalar que estas guerras no son promovidas solo por los Estados y gobiernos de manera oficial y mediante los ejércitos convencionales, sino principalmente a través de los de los ejércitos irregulares de mercenarios y del paramilitarismo. Esta es hoy la forma preferida por los Estados y gobiernos imperialistas y por los Estados y gobiernos reaccionaros de diferentes partes del mundo para intervenir en el exterior y de posicionamiento y dominio territorial y, prioritariamente, de enfrentamiento entre las dos fuerzas contrarias de los dos grandes bloques imperialistas, como también a las fuerzas populares que luchan contra la intervención y/o dominio de uno u otro bloque imperialista. Esta es la razón de la existencia de la organización paramilitar del "Estado Islámico" "made in USA" de defensa de los intereses de este bloque en Oriente Medio, o el grupo Wagner "made in Rusia" para actuar en Siria, Ucrania y gran parte de países africanos. Estas, podemos decir que son fuerzas de ocupación exterior directa, pero esas potencias no se limitan a eso, además penetran y toman control por diferentes medios, de fuerzas internas que, de manera justificada, legitima y necesaria, han creado los pueblos, tratando de defenderse de los atropellos de esos agresores, pero que caen en las redes del uno o del otro bloque. Ejemplos típicos de ese juego macabro de la disputa inter imperialista, son los casos en Oriente Medio, como Siria, Palestina, El Líbano, Yemen, Irán y otros países Sudafricanos, Ucrania y en América Latina. Y a nosotros en Colombia, sí que nos consta y hemos visto de manera directa, como los productores de drogas ilícitas y de la minería ilegal que se disputan los mercados, las rutas y los territorios, se ha en la guerra entre unos y otros y con el Estado, pero quienes pagamos los costos de esa guerra reaccionaria, somos las fuerzas políticas y sociales populares por mantener la resistencia y la lucha en defensa de nuestros derechos y el pueblo colombiano en su conjunto.

Es esta dinámica, esta tendencia, este camino sin retorno del modelo y del sistema imperialista mundial, la razón que nos ha llevado y nos lleva a insistir en la imperiosa necesidad de luchar por la paz de manera consecuente, de llamar a todas las fuerzas políticas y sociales democráticas a unirse y fortalecer esa lucha por la paz, en el entendido que esta lucha no puede ir separada de una lucha incansable por recuperar, rehacer y consolidar los movimientos y fuerzas democráticas para que se conviertan en verdadera alternativa de gobierno, cerrarle el paso a la extrema derecha y su camino de violencia, guerras y canibalismo, como lo estamos presenciando a diario. Por eso apoyamos, de manera independiente sí, pero apoyamos la elección de Petro a la Presidencia y, más que las reformas que propuso, la posibilidad de avanzar en la consolidación de las fuerzas democráticas del país. Por eso, mantenemos nuestra posición crítica frente a las incoherencias, debilidades y graves errores, no tanto de Petro como persona, sino principalmente de todo el entorno que lo rodea.

Es en esta situación y perspectivas que tiene sentido la propuesta que hemos planteado de conformar, construir y hacer realidad una Gran Convergencia Democrática que congregue y unifique a todas las fuerzas democráticas populares que realmente estemos interesadas en avanzar y abrir caminos de transformación profunda de nuestra sociedad colombiana. Esta que surgiera como una propuesta local, ahora creemos que no solo la necesitamos localmente, sino en todo el país. Manifestamos con toda claridad que no estamos de acuerdo y no compartimos la propuesta del “Gran Acuerdo Nacional” que se viene ambientando desde la misma Presidencia y otros sectores políticos. De ser una simple idea, ya va en que hay que llamar a los expresidentes para ponerse de acuerdo en el “Gran Acuerdo Nacional”. Estamos convencidos, por razones históricas, económicas y políticas, que ese no es el camino para consolidar los procesos de democratización del país. Eso puede salvar al gobierno actual de un mayor fracaso, pero en términos de lo que las grandes mayorías nacionales esperaban, no resuelve nada. Con o sin Acuerdo Nacional, nuestro deber es seguir nuestro camino de lucha contra la violencia, las guerras y por democratización en marcha.

El Poder del Pueblo no se consolida con Acuerdos por arriba; se fortalece y construye por abajo con las fuerzas realmente democráticas que necesitan cambios para beneficio de sí mismos, no para los mismos de arriba.

Atte.

EL FARO SOCIAL.

Julio 11/2.024

   

          

   

     

  

 

 

miércoles, 5 de junio de 2024

LAS PASTILLAS PARA LA MEMORIA, SON LAS QUE MAS ME OLVIDO TOMAR.

 

LAS PASTILLAS PARA LA MEMORIA, SON LAS QUE MAS ME OLVIDO TOMAR.

 

Soy muy poco dado a usar las anécdotas. Pero ésta con la que inicio este escrito, la he elegido muy a propósito. Una vez terminado y publicado el artículo para EL FARO SOCIAL, DOS SUCESOS Y SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS… de mayo 27/2.024, me di un paseo navegando en canoa rústica por la Red de La Internet y me encontré precisamente con una “pastilla para la memoria”. Se trata de un recordatorio que hace el Profesor Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, que titula: A 40 AÑOS DEL ACUERDO DE LA URIBE, en el cual, además de recordarnos que este Evento se llevó a cabo en el Municipio de La Uribe (Meta), durante el Gobierno de Belisario Betancourt y la Comisión de Paz que había creado para el efecto, de la cual hacía parte la periodista Margarita Vidal, nos hace notar su importancia hoy, cuando han sucedido tantas cosas alrededor de la consecución de la paz. Por ello, creemos que EL FARO SOCIAL, sus amigos, lectores y ojalá muchas más personas, refresquemos la memoria y decidimos insertarlo aquí, tal como apareció en la fuente que lo publicó.

 

A 40 AÑOS DEL ACUERDO DE LA URIBE

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

 El 28 de mayo de 1984 —hace cuarenta años—, se firmó en el municipio de La Uribe, departamento del Meta, el primer acuerdo de paz con los grupos insurgentes colombianos. Este fue un pacto político de cese al fuego y de hostilidades, firmado entre la Comisión de Paz asesora del Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Aunque el alcance de este primer tratado de paz dista, millones de años luz, de lo que sería el Acuerdo Final firmado con la misma agrupación tres décadas después en 2016; este representa, en la historia de los procesos de paz, un hito fundacional de las negociaciones política entre el Gobierno y los grupos armados insurgentes en Colombia.

La importancia del Acuerdo de La Uribe, que se estructuró en 10 puntos y ocupó una cuanta página —redactadas a máquina por la periodista Margarita Vidal, una de las miembros de la Comisión de Paz de Belisario Betancur (ver imagen 1)—, se puede resumir en tres grandes componentes.

Imagen 1. Fuente: tomada de El Espectador. (2012). Instantes de paz.

El primero fue la promesa que hubo entre las partes de ejecutar labores luego de la firma. Por un lado, las FARC-EP se comprometieron con el Gobierno y el país a iniciar “a partir del 28 de mayo de 1984 a las 00:00 horas” un cese al fuego. Igualmente, parar los “demás operativos militares a todos sus frentes en el país” (punto 1 del Acuerdo).

También, en el punto 2, las FARC-EP se comprometieron a acabar con las prácticas terroristas, a “condenar y desautorizar nuevamente el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas” y a avanzar para que no se den acciones que atenten “contra la libertad y la dignidad humana”.

Por el otro, el Gobierno se comprometió a gestionar varias reformas de carácter político, económico, agrario y social; a ampliar la cobertura de derechos básicos de los colombianos; y a esclarecer los casos de desaparición forzada (punto 8 del Acuerdo). Todas ellas acciones que, según el gobierno Betancur, eran necesarias para ayudar a la solución de las causas objetivas del conflicto.

El segundo componente fue la promesa del Estado a la guerrilla de poder participar en política. En el Acuerdo se estableció que los integrantes de las FARC-EP podrían “organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión” y, además, que el Gobierno les otorgaría “de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes”.

Promesa que se materializó unos meses después con la conformación de la Unión Patriótica (UP) y que permitió la participación en política de varios miembros de las FARC-EP Una organización legal que durante varios años logró competir con relativo éxito por los puestos de elección popular, como las alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales, el Senado y Cámara y la Presidencia de la República.

Finalmente, el tercer asunto importante fue avanzar, por primera vez, en la creación, desde el inicio de la firma del Acuerdo, una organización que se encargaría de verificar que todas las disposiciones establecidas en él se cumplieran. Estructura organizativa que quedó indicada en el punto cuarto con la Comisión Nacional de Verificación.

Esta, según comunicación presidencial del 27 de septiembre de 1984, se creó dos días después de la firma del Acuerdo y estuvo compuesta por 43 miembros y ampliada posteriormente con diez miembros más. Funcionó en Bogotá, pero dada la complejidad de las tareas, se les permitió el traslado a algunos sitios del país.

Además, tuvo a cargo varias subcomisiones de verificación, en lugares estratégicos y con presencia de las FARC-EP, como en Florencia, Caquetá; Vista Hermosa, Meta; Barrancabermeja, Santander; Aravena, Arauca; Santa Marta, Magdalena; Medellín, Antioquia; Neiva, Huila; Orito, Putumayo; y Cali, Valle (punto 5 del Acuerdo).

En conclusión, el Acuerdo de La Uribe —a pesar de no contar con un reglamento de cómo, cuándo y dónde negociar, y de que solo se realizaron dos reuniones para su construcción— se estructuró con los componentes necesarios para todo pacto de paz (ver imagen 2).

En él se fijaron tareas para todas las partes, se asumieron los compromisos sustantivos que apuntaban a generar las transformaciones que se consideraban esenciales para la terminación del conflicto y, finalmente, se pensó en una estructura organizativa que debe velar por su cumplimiento de lo pactado.

 

Imagen 2. Fuente: tomada de El Espectador (2012).

 

De allí, que este acuerdo de paz se haya convertido en el abuelo de los tratados de paz con la insurgencia colombiana. De él se desprendieron el firmado con el M-19 el 24 de agosto en Corinto, Cauca, y en El Hobo, Huila; con el Ejército Popular de Liberación (EPL) el 24 de agosto en Medellín; y con la Autodefensa Obrera (ADO) el 30 de agosto en Bogotá. Además, consiguió convertirse en el faro para la elaboración de otros acuerdos de paz.

Con este “refresco de memoria”, para algo debe servirnos la anécdota. Comencemos pues, a “deshilar” (o ¿deshilachar mejor?) la madeja. Aunque con alguna dificultad, podremos recordar que el 6 de noviembre de 1.985, un año largo después de firmado ese acuerdo, se presentaron en Bogotá los acontecimientos de la toma por un Comando del M-19 del Palacio de Justica y la retoma por parte del ejército nacional al día siguiente.  Sin entrar en detalles ni hacer comentarios sobre lo sucedido, sí podemos y debemos decir que fueron una terrible premonición de lo que se vendría en la segunda mitad de esta década y en la siguiente de los años 90.  A pesar de que en ese Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP, en ese momento se establecieron y pactaron compromisos de parte y parte, una de ellas, las FRC-EP, en muy buena medida y hasta cierto tiempo, cumplieron con lo que se habían comprometido, como el cese el fuego, a detener, al menos temporalmente el secuestro de personas, y dieron pasos para legalizar su acción política con la creación de la Unión Patriótica, con la cual alcanzaron una importante representación en los cargos de elección popular.

¿Y la otra parte contratante qué? Hasta cierto punto, Belisario, en el resto de su período que le quedaba, trató de cumplir con los que se había comprometido. Al menos hizo el intento, pero los Gobiernos que le sucedieron, ¿qué hicieron? Si este “refresco” no ha sido suficiente para reactivar la memoria, no podremos recordar que, después del año 85 y de los sucesos del Palacio de Justicia, comenzó el exterminio de la Unión Patriótica; que posteriormente, más de 3.000 militantes de esa organización política y del M-19, entre ellos, candidatos a corporaciones públicas y a la presidencia, fueron asesinados. Que este atroz delito de lesa humanidad, que este genocidio, fue meticulosa y sistemáticamente promovido por las fuerzas políticas de extrema derecha con sus organismos de represión legales e ilegales para frustrar y cerrar toda posibilidad de cambio político, igual que ahora, se oponen a los mínimos cambios que trata de realizar el Gobierno actual.

No cumpliendo el compromiso de garantizar la participación política legal de los alzados en armas, menos había intención de cumplir los demás compromisos que, según ese Acuerdo, “el Gobierno (de entonces) se comprometió a gestionar varias reformas de carácter político, económico, agrario y social; a ampliar la cobertura de derechos básicos de los colombianos; y a esclarecer los casos de desaparición forzada (punto 8 del Acuerdo). Todas ellas acciones que, según el gobierno Betancourt, eran necesarias para ayudar a la solución de las causas objetivas del conflicto”.

Con todo lo macabras que fueron esas acciones de la extrema derecha y sus organismos de represión legales e ilegales, nuestro pueblo no renunció a seguir luchando por sus derechos políticos, a realizar los cambios democráticos que ha buscado por tanto tiempo y, de alguna manera, obreros, campesinos, indígenas, sectores populares urbanos y fuerzas políticas democráticas, mantuvieron la resistencia, la lucha social y política que sirvieron como soporte para la Asamblea Constituyente de 1.991 y la aprobación de la nueva Constitución Política de Colombia. Aunque allí no se lograra lo que nuestro pueblo esperaba, no por ello podemos desconocer que fuera un intento más de lograr sus objetivos. Los resultados reales de este evento, los hemos expuesto sucintamente en nuestro anterior artículo EL “PETARDO” LANZADO POR GUSTAVO PETRO DE MARZO 28/2.024.  Por ello, no nos detenemos aquí en todo el significado político sobre el particular. Sin embargo, no podemos dejar de recordar e insistir en que, después de la Constituyente y la nueva Constitución, la extrema derecha aprovechó, con la proverbial habilidad que siempre han actuado en momentos clave, las debilidades de las fuerzas políticas populares y democráticas y las inconsistencias político-jurídicas de la Constitución, para irse con todo en la ejecución práctica de la apertura de mercados, de la falacia de la apertura democrática y del modelo neoliberal, salvando los obstáculos que antes había encontrado.

Y a la par que avanzaba a marchas forzadas esa ejecución del modelo neoliberal a la sombra de que la nueva Constitución Política no resolvió problemas vitales como el de no modificar en lo más mínimo la perversa concentración de la propiedad territorial y la propiedad accionaria de empresas industriales, comerciales, bancarias y de servicios, el incremento del narcotráfico acrecentó la violencia de éste, de la insurgencia, principalmente de las FARC-EP, se intensificaron las grandes tomas guerrilleras en diferentes partes del país, las múltiples tomas a cabeceras municipales y el copamiento de amplios espacios territoriales, de un lado; del otro lado, se disparó el accionar de las llamadas autodefensas campesinas y el paramilitarismo.

La década de los años 90 del siglo XX fue un período tétrico, sombrío y aciago de mayor avance en la confección y ejecución del modelo neoliberal con la venta en remate de las empresas públicas que aún quedaban, la entrega de la saludad y la educación a los operadores privados, terminación del desmonte de muchas obligaciones y funciones públicas del Estado y reducción del mismo, pero sobre todo, de apogeo de la violencia y terrorismo rural y urbano promovidos por los carteles del narcotráfico, el paramilitarismo y las guerrillas, principalmente de las FARC-EP, no solo con las tomas de bases militares y poblaciones, sino con el abominable delito del secuestro en la forma como lo ejercieron, que les costó todo su porvenir político por ganarse una imagen detestable que de ningún modo, han podido ni podrán borrar de la memoria del pueblo colombiano. Ya para fines de esta década fue puesto en marcha el Plan Colombia, dirigido a incrementar el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas, adiestrarlas y fortalecerlas con dotación de mejor armamento, apoyo logístico y de combate, inteligencia militar y mejoramiento de la actividad operacional estratégica y táctica y que heredara el posterior Gobierno de la “Seguridad Democrática”.

El impresionante saldo a favor de la élite que ha concentrado y concentra la mayor parte de riquezas del país, y del saldo en rojo en contra de obreros, campesinos, sectores populares urbanos y organizaciones políticas y sociales democráticas, no tiene parangón en la historia de Colombia. La llamada informalidad, es decir de trabajadores sin empleo ni rumbo fijo, sin organización social y sin ningún tipo de seguridad social, porque fueron despojados de los mínimos derechos de estabilidad laboral y de la seguridad social, pasó a ocupar una cifra demasiado alta que ha llegado a más del 60% de la fuerza laboral y que junto con el desempleo que siempre ha estado por encima del 10%, conforman una realidad inocultablemente escandalosa. Más de 8 millones de campesinos fueron despojados de más de 5 millones de hectáreas y expulsados del campo; cientos de masacres en algunas ciudades, pero principalmente en áreas rurales con terribles consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales y sicológicas para las víctimas; tierras que hoy están dedicadas a producir en la agroindustria del banano, palma aceitera, otros productos y ganado, ya no en la vieja modalidad del terrateniente que recorría los caminos y las propiedades a caballo con su indumentaria típica y zurriago, sino por el narco o el paraco “modernos”, a cuyas manos regresaron de esa manera, la mayor parte de tierras que antes habían recuperado los campesinos; fueron eliminados cientos de miles de activistas y luchadores políticos y sociales, destruidas y aniquiladas sus organizaciones y convertidos muchos lugares en fosas comunes.

En ese sombrío panorama, en esa inmensa mole funeraria, llegó en 2.002 la “Seguridad Democrática” al Palacio de la Infamia, a continuar con lo que todavía les faltaba por arruinar y envilecer en la vida y la conciencia de nuestro pueblo. Quien llegó no fue el héroe, el luchador político y social, sino el salvaje enchamarrado en su corcel de rudo inculto que no tiene superiores ni obedece partidos ni sabe nada de instituciones de Derecho, que no obedece más que a sus instintos primarios.  La “Seguridad Democrática” continúo la tiranía de esa élite que llevó a cabo esa gigantesca expropiación física y política a nuestro pueblo, armó camorras con Gobiernos vecinos, desplegó el principal sostén del régimen para alejar el fantasma de la guerrilla que había inundado muchas zonas pero que ya cargaba con el pesado fardo del desprestigio político por sus actuaciones totalmente fuera de toda lógica política revolucionaria o, siquiera mínimamente democrática, para garantizarle allí sí, seguridad y confianza a esa élite y a los inversionistas extranjeros y que pudieran continuar en la profundización del modelo neoliberal con su modalidad de Programa agro-minero de exportación e inversión de capitales externos en el país, con el consiguiente saqueo del mismo.

Igual suerte corrió la “Seguridad Democrática” que encabezó el rudo enchamarrado. Su agotamiento y desprestigio llegaron relativamente pronto y hubo de ser reemplazado por otro de perfil un tanto aristócrata, pero más moderno, menos rudo y tosco, pero no menos cruel, más culto sí, pero mejor adiestrado en las artes de buen “encantador de serpientes”. Esto no significó más que la continuidad de la “Seguridad Democrática” con el mismo Programa y mejor gerencia y sub-gerencias. La política de seguridad también siguió siendo la misma, pero sí con ajustes y refinamientos, en particular, en las labores de inteligencia y ataques a una guerrilla que, ya para entonces, se encontraba en una situación de crisis interna, mucho desprestigio político y en retirada. En tales circunstancias, el llegar a la mesa de negociación entre el Gobierno y las FARC-EP, no es que constituyera una gran Azaña política, como se la presentó y se ha querido consagrar en la historia.

La verdad es que ambos necesitaban negociar. A la élite que había acumulado enormes riquezas y su gobierno interesados en profundizar y sostener el modelo neoliberal que ya comenzaba a presentar serias grietas desde la crisis financiera de 2.008, no les convenía sostener una guerra que ya no le servía para llevar adelante ese proceso anterior de acumulación de riquezas, a no ser, por la actividad del narcotráfico que continuaba creciendo, pero que sus efectos eran neutralizados por ese desgaste militar. Y a las FARC-EP tampoco les interesaba continuar esa guerra por la crisis interna que ya las amenazaba, por los duros golpes que habían recibido, porque en buena medida necesitaban legalizar recursos obtenidos del impuesto al narcotráfico y del que ellos mismos realizaban y, de manera especial, porque política y estratégicamente, habían perdido la perspectiva y la iniciativa.

Las negociaciones se hicieron, los acuerdos se sellaron y todos los negociadores, garantes y acompañantes los aplaudieron, pero esta vez, tampoco se cumplieron. El jefe negociador del Gobierno, acuñó el lema de que ese “fue el Acuerdo más perfecto” que se haya pactado en negociación alguna; y por ser tan perfecto, ni sirvió ni se cumplió. La extrema derecha que nunca estuvo de acuerdo con las negociaciones, movió todo su potencial político y ganó el plebiscito, una vez firmados lo acuerdos. Ya desde antes de firmarlos había declarado tajantemente que “haría trizas los acuerdos” y se dio el lujo de cumplir con lo prometido. En el terreno, la retirada de las FARC-EP sirvió para que otros grupos simplemente delincuenciales coparan los espacios libres, surgieron nuevos grupos para retomar el negocio y otros que venían de antes, simplemente expandieron esa actividad y, cultivos y procesamiento se incrementaron en más de un 50%, en gran parte porque ahora había quedado libre del impuesto.

Esa extrema derecha que ha sido la principal beneficiaria de la guerra, del narcotráfico y del modelo neoliberal, no solo se dio el lujo de ganar el plebiscito, sino de continuar con el régimen de la “Seguridad Democrática” por un período más. Durante éste, cumplió con su promesa de “hacer trizas los acuerdos”. Con el poder burocrático que han tenido y tienen en el aparato estatal, con la indolencia y pasividad de muchos y hasta la complicidad de los mismos jefes políticos del nuevo grupo legal que crearon las FARC-EP después de negociar, se dio el lujo, no solo de tirar los acuerdos a la basura, sino de tomar muchos recursos que habían sido asignados por el Gobierno nacional anterior y Gobiernos extranjeros para poner en marcha el cumplimiento de los acuerdos y los invirtió él a su amaño e hizo politiquería contante y sonante.

Ahora ya es posible que podamos recordar que, esa misma oligarquía que ha existido desde antes de conformar la República y continuó en ésta con peores maneras, a José Antonio Galán, el gran dirigente y héroe del Movimiento de los Comuneros, después de negociar su desmovilización y firmar acuerdos, lo degollaron, descuartizaron y colgaron sus restos en diferentes sitios para sembrar el terror y escarmentar a quienes intentaran reagruparse y seguir sus huellas. Le negaron todo respaldo y no les importó las persecuciones que sufrió de parte del gobierno colonial español José Antonio Nariño; persiguieron, hostigaron y le hicieron la vida imposible a Simón Bolívar. Persiguieron y le hicieron la guerra, sobre todo, a los liberales radicales del siglo XIX y, a fines de los años 20 del siglo XX, llevaron a cabo una de las más monstruosas masacres, la de Las Bananeras; en los años 30, armaron la “oposición democrática” contra las reformas liberales del Alfonso López Pumarejo, retomaron el Gobierno y fraguaron el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán; armaron la “pajaramenta” (paramilitares de entonces), ensangrentaron al país con la violencia de fines de los años 40 y de los 50, persiguiendo y eliminando, de manera especial, a los liberales del pueblo e, impusieron una feroz contrarrevolución agraria para oponerse a cualquier modificación a la gran propiedad territorial.

De igual modo, sobre esa inmensa mole funeraria, pactaron la conformación del Frente Nacional en 1.957 entre godos y liberales pertenecientes a esa élite o que conciliaban con ella, asesinaron a los líderes guerrilleros liberales más sobresalientes y tampoco cumplieron los acuerdos pactados para la desmovilización del Movimiento Guerrillero Liberal y otros grupos que se habían formado. Esa misma oligarquía que no ha permitido cambio alguno de régimen político, se opuso radicalmente a la propuesta de Reforma Agraria de Carlos Lleras Restrepo en los años 60 y 70 del siglo XX, movió a los terratenientes y armó la segunda contrarrevolución agraria de este siglo XX. Ya con los primeros vapores tibios del modelo neoliberal que comenzaba a volar desde Europa y Norteamérica hacia el Sur, y el narcotráfico desde el Sur hacia el Norte, éste crece en Colombia; crecen también los grupos guerrilleros, pero al mismo tiempo, se producen cambios substanciales en las actividades productivas y económicas del país, a recuperarse las fuerzas políticas reaccionarias, a la par que se van extinguiendo las fuerzas revolucionarias a nivel mundial.

En los años 80 del siglo XX, se fortalecen el modelo neoliberal en Colombia, el narcotráfico y las fuerzas políticas más reaccionarias, especialmente de los terratenientes, y es con la venia de éstas que se llega a la Asamblea Nacional Constituyente de 1.991 y a la nueva Constitución Política de Colombia. A partir de allí se profundiza el modelo neoliberal y en 1.994 se hace otro intento de Reforma Agraria, a la cual, los narcotraficantes y terratenientes responden con la tercera contrarrevolución agraria, en la que muchas tierras que los campesinos habían recuperado antes, volvieron a manos de aquellos, como ya lo hemos mencionado y llevan a cabo el despojo y desalojo del campo con los procedimientos también mencionados antes.

A “vuelo de pájaro” (según el proverbio campesino), lo anterior nos indica con toda claridad, lo que ha sido y es el comportamiento político, la conducta y el actuar reiterativo de esa oligarquía, de esa élite que ha gobernado en nuestro país, cómo ha respondido ante las exigencias de nuestro pueblo por alcanzar transformaciones políticas democráticas en las que se garanticen sus derechos y pueda decidir el rumbo que debe seguir. He ahí la trascendencia de lo que nos estamos jugando en este momento. O hacemos algo por consolidar el Proceso de Democratización en Marcha en que está empeñado nuestro pueblo, independientemente de las debilidades que tiene y precisamente por eso, y de los errores que presenta, o este volverá a ser sepultado por muchos años por esas fuerzas reaccionarias. No olvidemos en ningún momento que, este proceso emerge en buena medida, de las grandiosas movilizaciones pocas veces vistas en nuestro país de 2.019 y 2.021. Con toda la espontaneidad que tuvieran por ser más un estallido social que un proceso mínimamente organizado y preparado, no por ello, dejan de tener una profunda significación política y unas repercusiones que se han sentido y seguirán sintiendo.

No de manera espontánea y gratuita, pudimos apreciar como salieron al unísono los expresidentes, desde Gaviria, Pastrana, Samper Pizano, Uribe Veles, Santos hasta Duque, a rechazar el “petardo” de Petro de la Asamblea Constituyente. Y lo más importante en este caso, no es que rechazaran esa propuesta, sino que, de manera casi automática, alzaran la voz en defensa de la Constitución Política de 1.991. “Nuestra Constitución” hay que defenderla, dijeron. Y si Samper Pizano se desmarcó después aduciendo que no compartía la propuesta de estos jefes políticos de la extrema derecha de hacer un “acuerdo nacional” para esa defensa, porque según él (Samper), se trataba en ese caso de una gavilla contra Petro, en nada cambia el asunto. Esta es la mejor prueba y demostración de que tenemos la razón cuando en el anterior artículo de EL FRO SOCIAL, hemos afirmado con la mayor contundencia, que es la extrema derecha la más cerrada defensora e interesada en conservar la Constitución Política de 1,991. Si estas expresiones políticas tan claras y explícitas no nos ayudan a ver y entender que esa Constitución Política es el arma más poderosa en manos de la extrema derecha para mantener el poder, entonces estos ciegos es que ya no quieren ver. Pero no todos estamos ciegos ni queremos seguir en la ceguera, y si hemos tenido debilidades para entender todo lo que implica, desde el punto de vista político ese hecho, la barbarie que hemos vivido, en algo nos ha ayudado a comprenderlo.    

Por eso repetimos, que más que “Acuerdos Nacionales”, “Asamblea Constituyente” o “ poder constituyente”, como lo han planteado el mismo Petro y algunos sectores y personas cercanos al Gobierno actual, lo que realmente necesitamos es construir una sólida Convergencia Democrática en la que obreros, campesinos, indígenas, sectores populares urbanos y fuerzas políticas democráticas, que son los que de verdad pueden darle sostenibilidad, permanencia y continuidad al Proceso de Democratización en Marcha, que éste se consolide y realice, no solo las reformas que están planteadas, sino que transforme todo su actuar político y demuestre que realmente es una fuerza política democrática, recupere la confianza y lleve a cabo todo lo que nuestro pueblo reclama y exige. Hemos dicho y repetimos que las reservas para este propósito están abajo, en los sectores sociales y políticos que realmente necesitamos esas trasformaciones, que queremos y necesitamos esos cambios, que se comprometerán a realizarlos, sin ven que lo que se predica y se hace, concuerda con lo que buscan y necesitan. No es con “acuerdos nacionales” o “pactos históricos” por arriba, como se ha podido y podremos avanzar y consolidar el Proceso de Democratización en Marcha. Es con esa Gran Convergencia Democrática, dotada de un claro Programa Político que defina y recoja las necesidades económicas, políticas, sociales y culturales de nuestro pueblo, como podremos consolidar el Proceso de Democratización en Marcha para lograr una mayor independencia política, paso indispensable para avanzar en transformaciones más profundas de la sociedad colombiana.

 

Cordialmente

Marino Ausecha Cerón

 

EL FRO SOCIAL.

Popayán, junio 4 /2.024

domingo, 26 de mayo de 2024

DOS SUCESOS Y SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS QUE DEJAN DEMASIADAS DUDAS Y MUCHO QUE DESEAR Y ANALIZAR

 

DOS SUCESOS Y SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS QUE DEJAN DEMASIADAS DUDAS Y MUCHO QUE DESEAR Y ANALIZAR

 

Hemos podido apreciar de manera amplia, masiva y suficiente, la entrega a la dirigencia de FECODE, a la FIDUPREVISORA y al FOMAG, la prestación del Servicio de Salud a los docentes del país, de una parte; y de otra la ofensiva desatada por los grupos armados, principalmente las difidencias de las FARC en Cauca y Valle del Cauca. En lo que corresponde al ELN, si bien es cierto que, por momentos han actuado militarmente, ha continuado los diálogos de paz y este fin de semana aparece, de parte del Gobierno y ellos, un informe de que continúan en la Mesa de Dialogo y el Acuerdo, por lo menos en un punto de la negociación sobre la ruta con la que continuarán, cosa que sinceramente nos alegra y da confianza de que, sí es posible avanzar en los acuerdos, a pesar de las dificultades.   

Lo que realmente interesa en este caso, no es propiamente que los unos recibieran de parte del Gobierno la prestación del Servicio de Salud de los docentes y los otros arremetan con su ofensiva militar. Lo que sí verdaderamente llama la atención y es imposible sustraerse a la observación atenta de lo que está sucediendo, por lo menos a quienes estamos interesados en que el proceso de democratización del país avance, son las respuestas de FECODE, la FIDUPREVISORA y el FOMAG ante la responsabilidad de organizar y poner en marcha la prestación de ese servicio, de una parte, y la respuesta del Gobierno nacional ante la arremetida violenta de esos grupos armados.

Los luchadores sociales, los demócratas y especialmente los revolucionarios, estamos obligados a observar con la mayor atención, analizar con toda la objetividad posible y sacar las debidas conclusiones sobre lo que revelan hechos como estos. No basta quedarnos renegando y maldiciendo la intriga y la labor inmunda que los mercenarios de micrófono han estado haciendo contra el Gobierno actual; tenemos que hacer el esfuerzo por usar nuestra propia cabeza, comenzando porque hay que reunirse y discutir colectivamente lo que está pasando, lo que estos hechos revelan y promover la discusión social amplia para que todos los sectores democráticos consoliden sus fuerzas y su lucha.  

La entrega de la prestación del Servicio de Salud a esa Directiva sindical y a esas entidades revela a todas luces, ya no solo improvisación, falta de conocimientos y experiencia que pueden ser normales en muchos casos, sino peor aún, una franca ineptitud, incapacidad y total falta de iniciativa para buscarle solución a los problemas. Los docentes han tenido que salir en diferentes Departamentos a protestar porque sencillamente se quedaron sin la atención médica que requieren, sobre todo, cuando padecen enfermedades crónicas y de otras que necesitan atención de alta complejidad. Afortunadamente tales protestas no han sido contra el Gobierno, sino contra sus propios dirigentes, la FIDUPREVISORA y el FOMAG.

Ahora estos directivos sindicales y de esas entidades, con una desfachatez que raya en el cinismo, salen a echarle la culpa al Gobierno de su propia ineptitud. Cuando ya era factible la aprobación de la Reforma a la Salud, acudieron presurosos a proponer que les entregara a ellos el manejo de ese Servicio. Durante años las EPS, particularmente COSMITET, engrosó su patrimonio a consta del mal servicio a los docentes y, sobre todo, esos directivos de FECODE nunca dijeron ni hicieron nada para remediar la situación y, por el contrario, siempre defendieron a esa EPS. ¿Qué hubo y qué hay detrás de todo eso? Es la pregunta obligada que nadie puede dejar de hacerse a sí mismo y en su entorno.

Ahora, como es apenas previsible, directivos de FECODE, de la FIDUPREVISORA, FOMAG, SUPERSALUD, Ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Hacienda, ponen a brincar la pelotica de ping pong de mesa en mesa, culpándose de unos a otros y los docentes voltea y voltea de un sitio a otro y ninguno le da razón quién o quiénes son los que tienen que darles solución a sus urgencias. La corrupción en la contratación por parte de la FIDUPREVISORA sigue igual o peor que antes. ¿No estamos en este caso ante una reedición no corregida pero sí aumentada de los tristemente célebres “paseos de la muerte”?

Mientras tanto, en los debates de “control político” abiertos en el Congreso, los voceros de la oposición “democrática” (entiéndase voceros de la extrema derecha) hacen el festín con el derroche de discursos con cuanto infundio se les ocurre para responsabilizar al Gobierno y particularmente al Presidente Gustavo Petro de lo que le ocurre en este momento a los docentes por la irresponsabilidad de esa burocracia sindical en general y de los burócratas de FECODE en particular, cebados, amamantados y depravados en la corrupción, precisamente en y por los Gobiernos de esa extrema derecha y el modelo neoliberal, ambiente que les ha permitido obtener grandes honorarios sin hacer absolutamente nada ni por el gremio ni por la sociedad.

Y para contribuir a agravar más la situación, la Señora Procuradora Margarita Cabello (que procura a todo memento servir bien a sus jefes de la extrema derecha), anuncia adelantar acciones disciplinarias contra el Gobierno porque, supuestamente, ella, advirtió, desde antes de hacer la entrega de la prestación de ese servicio, sobre la improvisación que se presentaría, de darse ese paso. Pues claro que la improvisación sí era totalmente previsible y, además, lógica, dependiendo del tipo de procedimientos que se emplearan para hacer la transición. Y como decimos al principio, en este caso, no solo ha habido improvisación de parte del Gobierno, sino que, lo más grave es la irresponsabilidad de esa burocracia de FECODE al creer que ese era un negocio pulpito que lo podían manejar con la misma facilidad con que han vivido reclinados en las poltronas de esa sede sindical.

Y este problema no se resuelve, como creen los directivos sindicales de ASOINCA en el Cauca, que haciendo gestos de satisfacción al ver a los directivos de FECODE enredados en su ineptitud y argumentar que aquí sí se ha realizado la contratación con las entidades prestadoras de servicios de salud, ya todo está listo y andando sobre ruedas. Aquí en el Cauca, la situación está lo mismo. Los docentes están como la misma pelotica de ping pong de entidad en entidad, de una lo mandan a otra y ninguna sabe cuál es la que debe darle la atención que necesita.

No nos equivoquemos. No sigamos respondiendo con argumentos baladíes ante situaciones complejas como es la prestación de los Servicios de Salud y la atención médica a la salud de la gente, actividad altamente especializada actualmente. Como negocio de elevada rentabilidad, las EPS lo tenían bien administrado y organizado para su beneficio, y cualquier negocio, para que tenga algo de rentabilidad particular, debe tener un mínimo de administración especializada. Pero no siendo negocio privado, con mayor razón, deberá ser organizado y administrado de la mejor manera, si se pretende que de los resultados que necesita el público. Y esos conocimientos, esa experiencia y capacidad para administrar y organizar bien un sistema como estos, no se puede obtener de la noche a la mañana y menos improvisar. Eso no es como vender cebolla, arroz o gasolina. Y menos se puede adquirir al suave arrullo y la tibieza de las poltronas de FECODE.

Y toda esta improvisación, desorden y caos generados no solo por las mafias en el manejo privado de la salud que siguen y seguirán intactas, sino también por los irresponsables directivos de FECODE, para quienes el manejo del sistema sigue siendo un fabuloso negocio, la inconformidad generalizada que está produciendo son agrandados y explotados al máximo para crear más alarma de la que realmente existe por los mercenarios de micrófono y los voceros de la oposición “democrática”,  volcar toda es inmundicia contra el Gobierno y particularmente contra el Presidente Petro y responsabilizarlos de los daños causados por los complots de los mercadeares de la salud y la ineptitud e irresponsabilidad de “amigos” del Gobierno como los directivos de FEODE y, con ello, generarle un ambiente más hostil, cercarlo y debilitarlo políticamente aún más de lo que está.

No sigamos haciendo el ridículo papel de pastorcitos mentirosos metiéndonos mentiras a nosotros mismos. Todos los avances y acciones importantes que ha hecho el Gobierno y el Presidente Petro, han sido desvirtuados, opacados, ensombrecidos y colmados de inmundicias. Las contramarchas en respuesta a las marchas de la oposición “democrática”, siendo como fueron numerosas, muy concurridas y muy populares, en comparación con “los rostros bonitos” de las otras, no pudiendo ser opacadas en cuanto a participación, fueron cubiertas de lodo por los mercenarios de micrófono. Muchas de las acciones internacionales y logros alcanzados por la gestión política, especialmente del Presidente Petro, han sido y son ocultados y condenados al silencio, a lo que lastimosamente se agregan los graves errores de estrategia política del mismo Petro, al poner en manos de la godarria en Cali acciones como las de la COP16, en lugar de elegir otros sectores donde hay muchas más fuerzas democráticas que se necesita apoyar y fortalecer.

A todas estas, nos preguntamos y debemos preguntarnos: ¿Dónde está la fuerza política democrática que supuestamente giraba en torno Petro Presidente, Colombia Humana? ¿Dónde el Pacto Histórico? ¿A qué rendija se han ido a meter los que tanto han alaraqueado con la lucha social y la democracia participativa? ¿Las ONG(s)? ¿Los llamados Movimientos Sociales? ¿El Polo Democrático Alternativo? ¿Los Comunes? ¿El Partido Verde? Todos desdibujados. Todos arrinconados en la penumbra. Y algunos de estos más al lado de la oposición “democrática” que a la izquierda. ¿Dónde están las propuestas políticas claras para salir del atolladero a que nos ha logrado llevar la extrema derecha, las mafias de todo orden y la delincuencia común organizada?

Es en este escenario caótico en el que emerge el otro suceso de la ofensiva militar de los grupos armados de las disidencias de las FARC en Cauca y Valle del Cauca. Desde el momento en que se reiniciaron o iniciaron diálogos con esos grupos en procura de ponerle fin a ese conflicto con el enunciado de “Paz Total” del Presidente Petro, saltaron las dificultades y quedó en evidencia que lo que buscaban era distraer al Gobierno en Las Mesas de Diálogo para facilitar la guerra entre ellos mismos y contra el Estado. Ahora, más hábilmente que el mismo Gobierno, el Presidente Petro y toda esa montonera de grupos y partidos políticos, esos grupos armados sí están aprovechando toda esa debilidad política para avanzar, fortalecerse, copar espacios y territorios, consolidar sus economías criminales de minería, narcotráfico y extorsión, reclutamiento forzado de niños, crecimiento de sus unidades militares y capacidad bélica.

Por su parte el Gobierno respondió en este momento con una contraofensiva militar que, si bien es necesaria y hay que hacerla, no es la solución que exige la situación. La contraofensiva es una respuesta de momento y no puede ser indefinida. Tales grupos se retirarán a los lugares donde puedan neutralizarla y luego volverán a su oficio. Lo que la situación de conjunto requiere es una estrategia política que no la hay, y al parecer, no hay conciencia de que, sin ella, solo se estará respondiendo de manera coyuntural e improvisada.  En cualquier guerra, quien tiene la iniciativa política, puede ganarla o por lo menos, inclinar el balance de fuerzas a su favor y poner las condiciones de negociación. Estos grupos, como buenos guerreros con amplia experiencia militar, han percibido con una eficacia inocultable, que el Gobierno no tiene la iniciativa política que se necesita para el manejo de una situación compleja y delicada como es ésta, ni tiene una estrategia militar sistemática y coherente para enfrentarlos. Lo que ha hecho es propiciar unos diálogos improductivos y seguir por el mismo camino de andar de Consejo de Seguridad en Consejo de Seguridad sin ningún resultado favorable para fortalecer la posición del Gobierno.

Por su parte, y no puede ser de otra manera, la oposición “democrática” (extrema derecha) afina y endurece su arremetida, no tanto contra las reformas que ya han podido mutilar unas y paralizar otras ni contra el Presidente Petro, sino contra lo que más les preocupa que es el Proceso de Democratización en Marcha que potencialmente está latente y se puede levantar. Y si a esta acción de la extrema derecha que sí sabe qué es lo que tiene que hacer y para donde va, agregamos la actuación irresponsable e inepta como la de los burócratas de FECODE, el silencio y vacío político de esa montonera de grupos que ni fu ni fa ante la delicada situación y la acción de esos grupos armados como la están haciendo, el resultado no puede ser distinto al estrechamiento del cerco político, el aislamiento y debilitamiento progresivo del Gobierno para terminar inhabilitándolo totalmente.

Con el inmenso deseo que ese Proceso de Democratización en Marcha no vuelva a hundirse como ha sucedido tantas veces en nuestro país, creemos firmemente que las reservas para reorganizar, rehacer y avanzar en ese proceso no están agotadas, como a primera vista nos puede parecer; que los que están atrofiadas no son esas reservas y fuerzas democráticas, a las cuales se les ha empeorado sus condiciones de vida y de expresión política ya por más de 3 décadas, sino unos sectores y grupos políticos que, con nuestros criterios políticos caducos, maneras de actuar y procedimientos ajados, no hemos podido ponernos a la altura de las exigencias del momento y, algunos de estos, de beneficiarios conscientes o inconscientes que fueron del modelo neoliberal, terminaron en víctimas del mismo.

Creemos firmemente porque lo estamos palpando de manera directa, que esas reservas y fuerzas para reemprender la reorganización y reorientación de los procesos de lucha política democrática para alcanzar transformaciones profundas que necesitamos y reclamamos todos, están abajo, en esa Colombia que sigue siendo excluida; en esa Colombia que padece, sufre, lucha, por momentos se divierte y carga con todo el peso de las adversidades; que construye y crea riquezas para beneficio de unos pocos; que se ha batido y se bate en medio de la crudeza de una violencia atroz que no la han generado las comunidades, sino unas familias, grupos y sectores que han acumulado enormes fortunas al amparo del modelo neoliberal que nos impusieron, del narcotráfico y el paramilitarismo, o que son residuo de ese modelo como la delincuencia común, otras actividades económicas ilícitas brutalmente destructoras de ecosistemas naturales y de la sociedad, y desde luego, de los mercaderes de la guerra.

Quienes se acostumbraron y fueron mentalmente domesticados para disfrutar de la vida cómoda; quienes se predispusieron mentalmente para obtener beneficios fácil y rápido; quienes la cultura traqueta ha “formateado” de tal manera que no tienen más opción que atropellar a todos los demás y pasar por encima de ellos con tal de obtener lo que quieren y desean; quienes de una u otra manera conviven con las mafias de todo orden en las organizaciones políticas y en las instituciones oficiales y no oficiales; y quienes no están en esos rangos pero esas son sus aspiraciones, están incapacitados ideológica, política, organizativa y sicológicamente para emprender procesos que requieren y exigen comportamientos sociales, políticos y culturales solidarios, respetuosos y dispuestos siempre a luchar organizadamente contra cualquier abuso a quienes viven de su trabajo.

Sin dudar un momento, creemos que estamos en un momento crucial en el que tenemos que preguntarnos: ¿Dejamos que ese Proceso de Democratización en Marcha una vez más sea hundido por las fuerzas reaccionarias de extrema derecha, por nuestras irresponsabilidades y por nuestras incapacidades e indolencias? O nos atrevemos a defenderlo, luchar por él y sacarlo adelante. O dejamos que esta Esperanza agonice y muera, o hacemos algo para rescatar de ella, aunque sea sus girones para rehacerla, tal vez con un poco más de conciencia de lo que no pudimos hacer ahora.

Y esta no es una responsabilidad del Gobierno o solo del Presidente Gustavo Petro. Esta es una responsabilidad colectiva que nos copete a todos, en especial, a esa Colombia que ha soportado tanto y seguirá soportando, si dejamos que la reacción en este país nuevamente salga con las suyas. Más que unas reformas que, algunas de ellas por lo menos, pueden ser aplazadas, lo que tenemos que defender, es el Proceso de Democratización Política en Marcha. Y esto implica que, lo primero y más esencial que hay que hacer, es fortalecer las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país. Lo primero y más esencial que hay que hacer es levantar las fuerzas populares democráticas que fueron apabulladas, aplastadas y sometidas por las masacres y el silencio; hay que rehacer y reconstruir el Movimiento Social y Político de las comunidades como sujeto consciente de sus propias transformaciones.

En este grandioso cometido, tenemos que entender la situación real en que nos encontramos. Según informaciones oficiales, en Colombia existe una fuerza laboral (obreros) entre 23 y 25 millones. De estos, más de 13 millones sobreviven en la llamada informalidad, es decir, no tienen trabajo estable ni cuentan con la más mínima forma de organización social. Además, de toda esa fuerza laboral, menos del 4% está organizada sindicalmente, con el agravante que la que cuenta con organización sindical son los trabajadores del Estado. O sea; en términos simples, algo más de 1 millón de trabajadores son los “representan” a los 23 o 25 millones restantes. El resto está excluido, incluso por esa misma élite obrera sindicalizada.

Digámonos las cosas como son: En una sociedad capitalista como lo es Colombia y donde el modelo neoliberal ha pasado como el huracán dejando solo escombros, el 60% de la clase obrera está anulada social y políticamente por sus condiciones laborales y de vida, y más del 35% de ese 40% restante tampoco tiene organización social ni cuenta para nada como fuerza política y social, ¿de qué democracia se puede hablar en casos como estos? ¿Qué tipo de democracia puede existir allí? Lo cierto es que la plutocracia del capital, burgueses y terratenientes fortalecidos por el narcotráfico, el paramilitarismo y por los inversionistas extranjeros desarraigaron y expulsaron del campo alrededor de 8 millones de campesinos, exterminaron sus organizaciones e incautaron la gran mayoría de tierras que habían recuperado en la década anterior. O acaso nos es extraño que esa nueva élite capitalista conformada por algunas familias tradicionales, pero principalmente por los mafiosos y paramilitares emergentes, ¿fue la que despojó a la clase obrera de los mínimos derechos laborales que tenía y a los campesinos de la tierra y los expulsó del campo? ¿Tan pronto nos hemos olvidado que esta fue precisamente la que cubrió de horror al país con su política de la “Seguridad Democrática”? ¿De quiénes y para quienes?

Es este tipo de “democracia”, es esa “seguridad democrática” lo que defiende esa fuerza económica que, por supuesto, no es solo económica, sino política, ideológica, institucional, cultural y ética. Es eso lo que no permiten que se les modifique siquiera en lo más mínimo. Es por esto que decimos que ya no son ni las reformas mutiladas como están, lo que les preocupa. Lo que verdaderamente les preocupa es que el barril de pólvora en el que están sentados, es potencialmente peligroso y cualquier chispa puede hacerlo estallar e irse a procesos sociales y políticos más radicales que, indudablemente no podrán controlar.

Por todo lo anterior, estamos completamente convencidos y seguros que ante esa opción de la extrema derecha, no tenemos otra opción que avanzar en la consolidación del Proceso de Democratización en Marcha, recuperando, rehaciendo, reconstruyendo y fortaleciendo el Movimiento Político y Social de obreros, campesinos, indígenas, sectores populares urbanos y fuerzas políticas democráticas, para lo cual estamos obligados a replantear, reorientar y corregir muchos errores del pasado y no pocas interpretaciones y apreciaciones erradas que tenemos de la situación actual.

Indudablemente para llevar adelante este propósito, no se nos puede escapar que su realización, debe hacerse alrededor de un Programa Político mínimo, de la identificación de unos objetivos políticos generales y objetivos inmediatos que ordenen nuestro que hacer, unos procedimientos a seguir que nos proporcionen la coherencia política y práctica que necesitamos, y una unidad básica de acción que contribuya a fortalecer todo el conjunto. Es indispensable, además, lograr unos consensos básicos que faciliten el actuar simultáneo, ojalá en todo el país. Sin embargo, con toda la importancia que tiene esta parte de la propuesta que necesitamos, es comprensible que no la podemos formular aquí, pues ya se sale los límites que nos impone este tipo de documentos. Además, esta parte debe ser el resultado de los consensos entre muy diferentes fuerzas y sectores políticos y sociales y no el querer o deseo de uno u otro grupo en particular.

cordial y respetuosamente

 

Marino Ausecha Cerón

Especial para el

 

EL FARO SOCIAL

Popayán, mayo 27/2.024

 

 

  

           

   

       

EL "COROLARIO DE TRUMP" ESTÁ EN MARCHA

  Compañeros de EL FARO SOCIAL, simpatizantes, amigos y lectores; por la trascendencia de los acontecimientos sucedidos en Venezuela el 3 de...